Cada vez se crispa más el ambiente político en el país dejando factores de discordia que exaltan más los ánimos antagónicos que separan al oficialismo y la oposición. Las posiciones parecen irreconciliables, pese a que se dan algunas oportunidades para el diálogo que, lamentablemente, son desaprovechadas. Estas circunstancias desperdiciadas parecen confirmar que no existe disposición política sincera para buscar acuerdos. El presidente Luis Arce convocó a los gobernadores para buscar acuerdos mediante una agenda enfocada en los programas de desarrollo económico, pero resulta que Arce prefirió asistir a una reunión política con Cuba y Venezuela en el marco de la vigésima cumbre de la alianza ALBA, que reúne a países que buscan el Socialismo del Siglo XXI.
De todas maneras, la esperada reunión entre gobernadores y autoridades del Ejecutivo se realizó en la sede de gobierno en el marco del Consejo Nacional de Autonomías, sin la presencia del Jefe de Estado ni el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, dijo que era necesario que el presidente Arce dirija la sesión del Consejo Nacional de Autonomías con las nuevas autoridades departamentales, «pero parece que tiene otros temas más importantes que su país. Esperamos que esto no signifique un obstáculo para avanzar», dijo Condori. La sesión autonómica fue dirigida por el vicepresidente David Choquehuanca, quien está en ejercicio temporal de la primera magistratura del país. El Consejo se concentró en medidas que se asumirán para enfrentar la pandemia de coronavirus y en acciones en favor de la reactivación.
Mientras tanto, una reunión cumbre de dirigentes de los Comités Cívicos nacionales ampliada a dirigentes de varias otras organizaciones representativas de la comunidad nacional, determinó exigir la liberación de los presos políticos, la reforma de la justicia y del Ministerio Público, una auditoría del proceso electoral de 2020, renovación total de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la elaboración de un nuevo padrón, y promover acciones ante la justicia penal internacional y organismos en defensa de los derechos humanos, por las violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho en el país. También se realizó un cabildo que demando que cese la represión y convocó, además, a una marcha para el viernes y un cabildo nacional para enero.
Las posiciones encontradas no encuentran una vertiente de conciliación y las acciones represivas del gobierno y las respuestas de la oposición tienden a agravarse, mientras las respuestas de las partes carecen de racionalidad. Ojalá nos equivoquemos, pero da la impresión de que nadie busca sinceramente concertar soluciones. Recordemos el paro cívico y concentraciones masivas de noviembre en Santa Cruz, sin tomar en cuenta los riesgos de la pandemia. Fue una acción irresponsable, como lo fue también la demostración de fuerza del gobierno que armó, como respuesta y demostración de poder de convocatoria, la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS) denominada «por la patria», que concluyó en una concentración en la que varios dirigentes de sectores sociales lanzaron amenazas y exigieron cárcel para el presidente de los cívicos cruceños, y para el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho. Algunos dirigentes tuvieron expresiones muy fuertes que rayaron en el delito, como el representante de los interculturales al afirmar que «desde La Paz queremos decir a los golpistas que está aquí el pueblo unido… Si hay que marchar a Santa Cruz hay que hacerlo, compañeras y compañeros». En el mismo tono, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió que «si siguen provocando, la marcha se traslada a Santa Cruz», y amenazó con la «nacionalización» de empresas. Posteriormente esos dirigentes argumentaron que se tergiversó lo que expresaron, pese a que existen videos y grabaciones de la concentración donde se efectuaron los encendidos discursos.
Esa marcha fue convocada por Morales y el MAS como una respuesta al paro de nueve días que organizaron los comités cívicos y varios sectores sociales, entre ellos los comerciantes, gremiales, médicos, universitarios y varios otros sectores en protesta por la controversial ley que bajo el título de luchar contra las ganancias ilícitas abarcaba medidas de riesgo para la propiedad y los bienes en general de la ciudadanía. Frente a la magnitud de la movilización, que tuvo su epicentro en Santa Cruz, el gobierno se vio obligado a abrogar esa ley. Pero hay otras leyes ya aprobadas que también implican un retroceso a las conquistas de las regiones sobre las autonomías, y otras en proceso de aprobación que forman parte de una cadena de medidas dirigidas a concentrar el poder en el Ejecutivo. El oficialismo afirmaba que el paro de la oposición era parte de un «segundo golpe de Estado». El gobierno y el MAS sostienen que el primer golpe se dio con la sucesión constitucional que siguió a la renuncia de Evo Morales al descubrirse el fraude electoral. Todo hace pensar que la escalada continuará y que desgraciadamente no hay indicios que lleven a la esperanza de una sincera búsqueda de soluciones. Hacemos votos porque los políticos se pongan a pensar en la necesidad de poner de su parte para buscar acuerdos, y demostrar que sí, existe disposición a encontrar soluciones.