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jueves, abril 15, 2021
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Exjefes militares y policiales, en la mira por la crisis de 2019

La Justicia dispuso este miércoles la detención preventiva de un segundo exjefe militar dentro de la investigación por la crisis de 2019 que derivó en la salida del poder del entonces presidente Evo Morales que el oficialismo considera un «golpe de Estado».

El general Jorge Pastor Mendieta, que fue comandante del Ejército en 2019, deberá cumplir seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz por disposición del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar.

Mendieta se había presentado el lunes a declarar voluntariamente ante el Ministerio Público que, no obstante, instruyó su aprehensión para que luego comparezca en una audiencia cautelar que se efectuó en esta jornada.

El militar es investigado porque apareció junto al excomandante de las Fuerzas Armadas el general Williams Kaliman, en la comparecencia del 10 de noviembre de 2019 en que el exjefe militar leyó un comunicado sugiriendo a Evo Morales renunciar a la Presidencia para pacificar el país, dijo a los medios el subprocurador del Estado Juan Clemor.

Según Clemor, para disponer la detención preventiva de Mendieta, el juez valoró que existe la probabilidad de autoría, así como riesgos procesales de «fuga» y «obstaculización».

Mendieta es el segundo militar encarcelado por este caso, por el que también fue encarcelado el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Flavio Arce.

La crisis

La Policía ha informado que dentro de este caso serán llamados a declarar otras personas como el exgeneral Kaliman, el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el exlíder cívico y gobernador electo de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La investigación por el supuesto golpe se realiza a instancias de una denuncia de la exdiputada oficialista Lidia Patty que apuntaba inicialmente a Camacho y los militares y luego se amplió a la expresidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros.

Bolivia vivió momentos de caos especialmente entre el 10 y 11 de noviembre de 2019, con ataques a sedes policiales y domicilios particulares, episodios como la quema de la mayor parte de la flota de buses urbanos de La Paz y grupos de civiles en las calles al grito de «guerra civil» en la ciudad de El Alto.

El entonces presidente Evo Morales anunció el día 10 que dejaba el poder forzado por un supuesto golpe de Estado y el 12 asumió de forma interina la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, después de que los militares salieran a las calles la noche del 11 tras un ultimátum de la Policía que se veía rebasada.

La crisis se desató tras las denuncias de un supuesto fraude que favoreció a Morales para lograr su cuarto mandato consecutivo en las elecciones de octubre de 2019, luego anuladas.

Contra la policía

Dos días antes de la renuncia del exmandatario comenzaron a sucederse los amotinamientos en distintas unidades policiales, algo que en su momento el Gobierno de Morales minimizó al señalar que el motín fue solamente en una ciudad y calificar de «rumores» otras sublevaciones en el resto del país.

Morales luego culpó a los policías, además de sus detractores, por su salida del poder, mientras que varias sedes policiales sobre todo en El Alto y Cochabamba, consideradas bastiones del MAS, fueron destruidas por personas que protestaron tras su renuncia.

Este miércoles se difundieron pronunciamientos de las asociaciones de suboficiales, sargentos, cabos y tropa policial que se han declarado en «emergencia» al denunciar un «amedrentamiento» por parte de autoridades nacionales, el Ministerio Público y el órgano Judicial.

Los policías de rangos bajos denunciaron que hay procesos «fuera de contexto» contra sus camaradas y advirtieron que no permitirán «ningún tipo de abuso de poder» ni la vulneración de sus derechos.

El pronunciamiento se dio después de que se conociera que la Fiscalía ha requerido un listado de nombres de los agentes con destino en La Paz entre el 10 y 11 de noviembre de 2019, dentro de las investigaciones por la muerte de un civil en el sur paceño.

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