Uno de los problemas más delicados que se ha arraigado en el país y se presenta como un desafío que probablemente requiera apoyo internacional, es el crecimiento del narcotráfico que requiere un mayor esfuerzo para su control y erradicación.
La decisión de ampliar los cultivos de coca de la anterior gestión gubernamental no fue una determinación casual sino la consecuencia de acuerdos para expandir la mancha cocalera hacia las áreas protegidas y reservas fiscales. Las quemas provocadas eran para habilitar más tierras de cultivo y consecuencia con un avance hacia el oriente con colonos de otras regiones.
Ahora el ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, reveló que la Policía identificó a dos células terroristas que serían financiadas por el narcotráfico. También dijo antes que grupos vinculados al terrorismo y narcotráfico operan en el país, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), supuestamente manejadas desde Venezuela, que buscan desestabilizar a los gobiernos de Colombia, Perú, Chile, Bolivia y otros.
Por la investigación que hizo la Policía Nacional, Murillo manifestó que solicitará una reunión con sus pares de los países afectados para compartir información. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Oscar Gutiérrez, explicó que el 12 de noviembre, de manera clandestina, apareció en escena el señor Facundo Molares, quien luego de una investigación se supo que es un miembro activo de las FARC, con una alta trayectoria y peligrosidad en este grupo terrorista. Asimismo, manifestó que Molares está vinculado al peruano Martin Serna Ponce, quien tiene antecedentes terroristas y estuvo involucrado en el secuestro de Samuel Doria Medina, el 2 de noviembre de 1995.
«Martin Serna tiene una relación estrecha con el señor Facundo Molares, puesto que tenía en su poder el pasaporte y tenía una comunicación con el padre del señor Facundo Molares, objetivamente demostrado», aseguró Gutiérrez.
Según el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, los exministros Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, tenían vínculos con el narcotráfico y tenían además una pugna interna de poder durante el gobierno de Evo Morales. Se refirió al caso del narcotraficante Pedro Montenegro cuya extradición fue evitada a pesar que había sido solicitada hace mucho tiempo por Brasil. Ya se ejecutó la extradición de Montenegro Paz hacia Brasil, donde es buscado desde 2015 por tráfico de drogas.
Montenegro, en una declaración voluntaria que hizo pública a través de su abogado involucró a varias autoridades del anterior Gobierno, entre ellos a jueces, fiscales, policías, magistrados y otros. Acusó al exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Maximiliano Dávila por extorsión para beneficios económicos. Al respecto, el coordinador general de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Drogas (Conaltid), Leonardo Roca, anunció una investigación hacia Dávila y otras exautoridades y empresarios.
El narcotráfico es una lacra que se extiende como un cáncer contaminando todo lo que abarca, pero Bolivia tiene la obligación legal y el deber ético de combatir este mal, para lo cual debe apelar a la cooperación internacional dada la magnitud que ha alcanzado y los nexos que tiene con otros países.