Tras dos años de las muertes en el barrio de Senkata de la ciudad de El Alto en la crisis política y social de 2019, los familiares reclaman justicia para sus fallecidos, celeridad en las investigaciones y que les atienda el Gobierno para que escuche su reclamo.
El pasado 19 de noviembre se cumplieron dos años de los disturbios ocurridos en Senkata durante un operativo militar y policial que dejó una decena de muertos y los familiares aún no encuentran justicia para sus fallecidos, comentó a Efe la presidenta de la Asociación de Familiares de los Fallecidos, Gloria Quisberth.
«La Justicia está retrasada, está tardando demasiado y pedimos que actúe el Ministerio de Justicia para que avance», manifestó Quisberth.
A su vez lamentó que no se esté «haciendo nada» por los muertos de Senkata y que es necesario que se aceleren las indagaciones y las determinaciones para encontrar justicia.
«Ni con 30 años en la cárcel van a poder devolvernos a nuestros familiares, pero por lo menos pagarán lo que han hecho», señaló la representante.
Quisberth sostuvo que el pasado 10 de noviembre debían reunirse con el Ministerio de Justicia para hablar sobre el caso, pero que un día antes les cancelaron y que ahora tiene previsto un encuentro con el Ministerio de la Presidencia mañana martes para hacer conocer sus inquietudes.
«En caso de que no cumplan con su palabra de atendernos, nosotros vamos a comenzar una huelga de hambre», indicó Quisberth.
El proceso judicial por las muertes de Senkata aún se encuentra en «etapa preparatoria con imputación formal en contra de los autores por los delitos de asesinato y lesiones graves y leves», por los que están detenidas seis personas, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo.
En julio de este año los familiares de las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata presentaron una proposición acusatoria para que se inicie la investigación para comenzar un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz por otro caso denominado «golpe de Estado».
En agosto la Fiscalía presentó un requerimiento acusatorio contra Áñez para iniciar el juicio de responsabilidades y esto se debía poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, no hay más avances desde entonces sobre el pedido de justicia de los familiares, indicó la representante.
Quisberth cuestionó que no se estén tomando en cuenta las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluye que hubo «graves violaciones a los derechos humanos» y que consideró que es «fundamental» avanzar en las investigaciones y en los procesos.
«En caso de que no se cumplan las recomendaciones del informe del GIEI entonces tendremos que acudir a instancias internacionales», señaló.
Actos conmemorativos
El pasado 19 de noviembre se cumplieron dos años de las muertes en Senkata en la que perdieron la vida una decena de personas durante un operativo policial y militar para desbloquear el paso de combustible desde una refinería.
En los próximos días se entregará una plaza en honor a los muertos en los conflictos de 2019 y también se estrenará un documental que recoge testimonios de lo ocurrido, comentó Quisberth.
La Defensoría del Pueblo lamentó el «lento accionar de la Justicia boliviana» y pidió al Estado que se haga justicia.
«Consideramos que el avance de las investigaciones y, posteriormente, la determinación de las responsabilidades y sanciones será un paso para avanzar en la reconciliación entre bolivianos», indicó la defensora interina, Nadia Cruz.
También la CIDH escribió en Twitter que a dos años de Senkata y Sacaba la prioridad es su derecho a la verdad, justicia y la reparación.