La comisión de fiscales que está a cargo del caso conocido como «golpe de Estado I» informó este lunes que se suspenderá la toma de declaraciones al excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por «amenazas de muerte».
«La comisión de fiscales ha sufrido una serie de amenazas muy graves», indicó a los medios el fiscal anticorrupción Carmelo Laura.
Agregó que se tratan de «llamadas anónimas» que se han dado «en el transcurso de la investigación», por lo que los fiscales «temen por su vida».
La declaración informativa en calidad de sindicado del gobernador debía ser el martes en la mañana, pero ante esta situación la misma se va a «reprogramar», sostuvo Laura, sin dar más detalles.
La comisión de fiscales viajó desde La Paz hasta Santa Cruz para tomar las declaraciones informativas de los investigados por este caso que se indaga por los delitos de «sedición, conspiración y terrorismo» por la crisis política y social de 2019 en el país.
Este lunes se presentó a declarar ante esta comisión José Luis Camacho, el padre del gobernador, quien «se acogió al derecho al silencio», manifestó Laura.
Entretanto, el Comité Pro Santa Cruz ya había convocado a la ciudadanía para que se presenten en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para darle su apoyo a Camacho y a su padre.
La senadora opositora Centa Rek realizó una petición de informe escrito para conocer estas supuestas «amenazas» ya que considera que se trata de una «cortina de humo».
En noviembre de 2020, la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por hechos relacionados a la crisis política de 2019, luego de las fallidas elecciones que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia denunciando un supuesto golpe de Estado.
Esta denuncia apuntó principalmente a Camacho y su padre, al ser el actual gobernador de Santa Cruz uno de los líderes que encabezó las protestas sociales de 2019.
Por este caso también es investigada la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, por el cual guardó detención preventiva por más de un año y que ya tiene una sentencia de 10 años por el caso denominado «golpe de Estado II» por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley cuando asumió el poder en 2019 en medio de la crisis postelectoral.
El Gobierno considera que en 2019 hubo un golpe de Estado, mientras que la oposición defiende que se trató de una sucesión constitucional.