La Fiscalía venezolana cifró en 34 el número de supuestos implicados en el atentado que sufrió el presidente, Nicolás Maduro, mientras que el Parlamento acusó al jefe de Estado por las «torturas» que, aseguran, ha recibido el diputado opositor señalado por el ataque, Juan Requesens.
El fiscal general, Tarek Saab, informó que ya son 14 los detenidos, entre ellos dos militares, y se han emitido 27 órdenes de aprehensión con notificaciones de alerta roja a Interpol.
«Hasta este momento en que estamos haciendo esta rueda de prensa hoy martes hay 14 detenidos de los cuales ya han sido presentados e imputados por el Ministerio Público. Repito, presentados e imputados ante los tribunales penales 14 de los 34 implicados», dijo Saab en rueda de prensa.
El fiscal indicó que ayer fueron presentados ante tribunales el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gamez, así como el diputado Juan Requesens, Brayan de Jesús Oropeza Ruíz, Yanin Fabiana Pernía Coronel, Luis Alberto Guerra y José Gregorio Blanco.
Para estos dos últimos, aclaró Saab, el Ministerio Público «solicitó una medida cautelar sustitutiva porque quedan en régimen de presentación habida cuenta que no tienen una implicación directa», indicó.
Asimismo informó que entre el 7 y 8 de agosto fueron presentados los ciudadanos Juan Monasterios Venegas -a quien el Gobierno señala de «coordinar el ataque»-, Argenis Valero Ruíz, José Rivas Díaz, Yolmer Escalona Torrealba, Alberto Bracho Rosquez, José Estrada y Emilendris Benítez.
El fiscal reiteró que «varios» de los implicados se encuentran en otros territorios, «algunos en Colombia», como el diputado Julio Borges a quien señalan de ser el autor «intelectual», y «otros en Estados Unidos» y que por ello han solicitado la captura a Interpol.
«Se han acordado 27 órdenes de aprehensión, todas ellas con sus respectivas notificaciones rojas solicitadas a Interpol, 8 de estas órdenes ya han sido ejecutadas», aseguró.
La Fiscalía informó también que imputó al diputado Requesens por los delitos de «homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio», terrorismo, asociación para delinquir, «traición a la patria» e instigación pública continuada.
Asimismo, le acusó por «homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración en perjuicio de siete efectivos militares», y «posesión ilícita de armas y municiones».
Sobre estos delitos se pronunciará la juez a cargo del caso que deberá decidir cuáles cargos «acoge o no», según explicó a Efe el abogado defensor de Requesens, Joel García.
El Ministerio Público también solicitó la medida de «prohibición de enajenar y gravar bienes» y «bloqueo e inmovilización de cuentas» del opositor.
La misma medida fue pedida para el diputado Julio Borges, quien se encuentra en Colombia y es acusado por el Gobierno, de ser el «autor intelectual» del atentado.
La Fiscalía también ha ordenado «la práctica de un examen toxicológico» de «reconocimiento médico real y de reconocimiento psicológico» al vídeo que circuló el viernes en el que se muestra a Requesens en ropa interior aparentemente machada de excremento.
Al respecto, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) denunció que el Gobierno «de manera sistemática, emplea tratos crueles y degradantes, así como métodos de tortura a quienes han sido privados de libertad arbitrariamente por razones políticas, en lo que califica como un crimen de lesa humanidad».
El Legislativo repudió el trato que han dado el Ejecutivo, la Fiscalía, los cuerpos seguridad y la Justicia a Requesens, detenido hace una semana y tres días después de que dos drones explotaran en un acto público con militares que encabezaba Maduro y del que salió ileso.
La Cámara insiste en calificar como «desaparición forzada» los cinco días que pasó el legislador sin tener contacto con familiares y abogados, y durante los cuales el chavismo publicó videos en los que Requesens acusa al Borges y a otras personas por el fallido atentado.
«La supuesta confesión del diputado Requesens fue obtenida en violación a su derecho al debido proceso y en marco de su desaparición forzada, con lo cual, carece de validez jurídica», dice la AN en el acuerdo aprobado este martes, respaldado únicamente por opositores al Gobierno.