La Fiscalía de Bolivia convocará a declarar a 261 postulantes a la Academia Nacional de la Policía (Anapol) que supuestamente habrían hecho pagos irregulares para ser admitidos en esa institución, informó ayer el fiscal Samuel Lima.
En declaraciones a los medios en La Paz, Lima confirmó que hay 261 expedientes de postulantes «que han sido identificados como los que habrían aprobado de manera irregular» las pruebas de admisión a la academia de policías.
«Van a ser convocados. No olvidemos que el cohecho pasivo también está penado por ley», sostuvo el fiscal.
El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) investigan desde hace dos semanas unos supuestos pagos irregulares para los exámenes de postulantes a la Anapol.
Después de que el caso se hiciera público, el presidente del país, Evo Morales, resolvió la anulación del proceso de admisión tanto a la Anapol como a la Universidad Policial (Unipol).
Dentro del caso, hasta el momento hay once personas, incluidos tres altos mandos policiales, que han sido encarceladas preventivamente, recordó Lima.
El fiscal indicó que el proceso de investigación continúa y que se ampliará a otras personas e instituciones de ser necesario.
Un juzgado cautelar dispuso este pasado domingo la detención preventiva del rector de la Unipol, general Iván V.Q.V.; el vicerrector de la institución, coronel Rubén V.Q.; otro general, Walter L.T.; dos sargentos y el psicólogo Juan C.A.
Estas seis personas han sido acusadas por los supuestos delitos de «cohecho pasivo propio, uso indebido de información privilegiada, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, asociación delictiva y uso indebido de influencias», según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Bolivia.
Los dos generales y el coronel fueron imputados porque tenían la responsabilidad de contratar a las empresas que realizaron los exámenes de admisión, compañías que serían ilegales, según la Fiscalía.
Además, los dos sargentos admitieron en sus declaraciones ante el Ministerio Público que se dedicaban a captar a los postulantes a la academia policial para ofrecerles el ingreso pagando distintos montos de dinero, agrega el comunicado.
El fiscal Lima no descartó citar a declarar a los jefes del mando policial de la anterior gestión y a funcionarios del Ministerio de Gobierno (Interior) que fueron parte del comité de admisiones.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo a los medios que el compromiso es que la investigación en este caso llegue «a cuanta persona, civil o policial, esté involucrada como autor material o intelectual» de los cobros irregulares.
Romero advirtió de que «si aparecen nuevos involucrados, se va a actuar con la misma radicalidad» con la que se han llevado hasta el momento las indagaciones.