La Fiscalía dispuso este martes la aprehensión del excomandante de la Policía Boliviana Rodolfo Montero, investigado por la muerte de civiles en localidades como Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante la crisis de 2019.
«El Ministerio Público ha determinado la aprehensión del ex Comandante de la #PolicíaBoliviana, Rodolfo Montero, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en relación a la masacre de Senkata», publicó en redes sociales el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El ministro adjuntó una fotografía de la orden de aprehensión que hace referencia a los delitos por los que se acusa al excomandante, que fue posesionado a mediados de noviembre de 2019 por la expresidenta interina Jeanine Áñez, ahora detenida desde hace casi seis meses por otro caso denominado «golpe de Estado».
Montero se presentó esta jornada ante la Fiscalía en La Paz para dar su declaración informativa sobre los sucesos de hace dos años, informaron medios locales.
La resolución de la Fiscalía forma parte del procedimiento al que debe someterse Montero hasta su comparecencia ante un juez en audiencia que deberá definir si va a prisión preventiva, domiciliaria o se defiende en libertad.
En los sucesos de Sacaba y Senkata de 2019 murieron una veintena de civiles durante enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad conjuntas conformadas por el Ejército y la Policía.
En agosto pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre los sucesos de 2019 y calificó como «masacres» a esos hechos.
No obstante, durante esas disputas hubo 37 fallecidos si se toma en cuenta los decesos de personas contrarias al expresidente Evo Morales.
El informe estableció «graves violaciones a los derechos humanos» durante la crisis social y política en el último trimestre de 2019, tras los fallidos comicios de ese año.
Por los hechos de Sacaba y Senkata se ha procesado a algunos jefes militares y policiales mientras que otros han dejado el país o están en paradero desconocido.
Esta semana familiares de las víctimas, activistas y funcionarios públicos efectuaron una marcha en La Paz para pedir a la Fiscalía y al Poder Judicial resultados en estas investigaciones y que, según dijeron, debieran ampliarse a excolaboradores de la exmandataria de transición y líderes de la oposición.
El viernes pasado, la Policía determinó la «baja definitiva» del también excomandante de esa institución Yuri Calderón por transgresiones al régimen disciplinario, que también fue comunicada por Del Castillo en sus redes sociales.
El principal señalamiento contra Calderón, que fue designado durante el Gobierno de Morales, fueron los motines y repliegues policiales, anteriores a la renuncia del ex jefe de Estado.