La situación de la pandemia se agrava cada día mientras suben las críticas al Gobierno por la forma de gestionar la crisis. Los nuevos contagios se duplican cada vez con más frecuencia, indicador claro de que la situación está fuera de control. El Gobierno, que heredó un sistema sanitario deficiente, ha perdido autoridad.
En ciencia todo pronóstico está llamado a ser erróneo, pero todo indica que viviremos con el C-19 durante meses, lo recomendable es prepararse para que el sistema de alerta y gestión sea más efectivo, por si la situación evoluciona hacia un peor escenario posible.
La crisis ha puesto de manifiesto una nueva realidad, ha supuesto gastos imprevistos para todas las administraciones, por lo que urge que la ALP, de manera sensata y a la mayor brevedad posible, apruebe un Proyecto de Ley de Flexibilización del Régimen Presupuestario, que permita destinar remanentes y disponibilidades presupuestarias a situaciones excepcionales de la emergencia sanitaria, contrataciones, inversiones públicas urgentes y en consecuencia, a crear empleo.
Lo que hace a este proyecto de Ley más necesario son las urgencias Autonómicas, dada la insuficiencia de recursos procedentes del Gobierno que ha afectado y/o recortado, los criterios programados de inversión pública locales y regionales.
Es obvio que este Proyecto modificará la Ley Financial de la Hacienda del Sector Público de las Entidades Territoriales Autónomas y aumentará el gasto público, pero se trata de un asunto de Estado, no de un asunto de Gobierno, por su doble justificación: defender la vida de los bolivianos y aumentar la capacidad de las administraciones departamentales y locales, asumiendo estos deberes y servicios en el marco de sus competencias. En este sentido, sería repulsiva una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de incautarse el superávit y/o las inversiones pendientes de las entidades autónomas para atender las necesidades del gobierno central.
Será también necesario la creación de un Fondo de Ayuda a los Afectados por el COVID-19, considerando que se ajusta a la previsión constitucional del deber de solidaridad del Estado con la Protección ciudadana.
En realidad, un Proyecto de Ley de Flexibilización del Régimen Presupuestario está justificada y respaldada con la Declaración de Emergencia Sanitaria, que determina se habiliten mecanismos para atender los gastos derivados de esa situación.
La ciudadanía merece un Gobierno con menos autocomplacencia y más capacidad de gestión. Se pide menos imprevisión y más determinación. No es tiempo de sectarismos. Estas medidas a adoptarse persiguen una finalidad constitucional y legítima: la preservación del derecho a la vida y la protección de la salud pública.