Un grupo de parlamentarios que integran el Foro Madrid denunciaron este martes la «falta de garantías» en el juicio en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez en el llamado caso «golpe de Estado II» por el que fue condenada a 10 años de prisión.
Los parlamentarios llegaron hasta la cárcel en donde se encuentra detenida Áñez de manera preventiva desde hace más de un año para visitarla, pero las autoridades penitenciarias les negaron el ingreso.
Frente al centro carcelario femenino de Miraflores en La Paz, la diputada argentina Victoria Villarruel leyó un pronunciamiento de tres puntos del Foro Madrid en el que denuncia, entre otros, la falta de garantías procesales en el juicio contra Áñez y dos exjefes militares.
El juicio «fue para ocultar el monumental fraude electoral que perpetró Evo Morales en el año 2019, el cual fue puesto al descubierto por un grupo de observadores y expertos de la OEA (Organización de Estados Americanos) y la Unión Europea», leyó Villarruel.
En el pronunciamiento también afirman que ese proceso fue «para satisfacer la sed de venganza de Evo Morales, quien reconoció públicamente haber dirigido el linchamiento judicial en contra de Áñez».
Y «tercero, para escarmentar a todo aquel que se atreva a luchar en contra del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, no solo en Bolivia, sino en el resto del continente», indica en la nota.
Asimismo, en el comunicado cuestionaron que «la intromisión política en el proceso judicial» es un «gravísimo hecho que afecta la calidad institucional, la independencia de poderes y el respeto a los derechos humanos».
El Foro Madrid también solicitó que «no se abandone» la causa de Áñez y de los exmilitares, pues consideran que «mientras ellos estén encarcelados y cualquier inocente sea perseguido por defender el Estado de Derecho, la libertad de todos los bolivianos estará amenazada».
Áñez logró en un momento saludar desde una ventana de la cárcel a los representantes del Foro Madrid y posteriormente dio a conocer una carta en la que agradeció su pronunciamiento en el que «denuncian» su «ilegal y arbitrario encarcelamiento».
«Hoy soy prisionera, estoy secuestrada por este Gobierno que ha hecho del Ministerio Público y del Poder Judicial un sicariato, que a los presos políticos nos tienen en total y absoluta y grosera indefensión», dice la carta de Áñez.
Informe ONU
El relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra una serie de observaciones y recomendaciones para que Bolivia adelante una reforma a la justicia, se mejore la carrera judicial y se agilicen procesos como feminicidios y hechos violentos ocurridos durante la crisis política y social de 2019.
Sobre el caso de Áñez, García-Sayán, quien visitó Bolivia en febrero, dijo que este «pone de manifiesto temas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley, esto no puede tener ninguna excepción».
Previo a ese informe, García publicó esta semana varios tuits en los que señaló que le preocupaba lo «revelado» por el expresidente Evo Morales sobre una «reunión política» entre líderes del Gobierno y el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en la que habrían acordado que Áñez «sea sometida a un proceso ordinario y no a juicio de responsabilidades».
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido emitió una declaración en la que expresó «compartir» las «preocupaciones procedimentales señaladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a la forma en que se condujo este juicio».
Y alentó «al Gobierno boliviano a encarar de buena fe una reforma judicial sustancial».
Áñez fue condenada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en el marco del caso «golpe de Estado II», que derivó del proceso «golpe de Estado I» en el que se le acusa de terrorismo y conspiración por la crisis de 2019.