Pareciera que algunos rubros estratégicos del país operan sin rumbo, carentes de políticas sectoriales y objetivos concretos. Este parece ser el caso de la minería que desde hace varios años espera una reestructuración, anunciada repetidamente, pero que no se concreta. La falta de transparencia en la administración minera deja vacíos preocupantes que la ciudadanía debería conocer, como el estado de resultados económico financieros de las empresas estatales.
Lamentablemente, el gobierno parece conformarse con informes parciales, incompletos y sobre temas que las autoridades sectoriales escogen en lugar de transparentar el manejo fiscal. Por lo menos eso trasciende del informe que el Ministerio de Minería ofreció sobre el resultado de la gestión 2017.
En ausencia del titular de la cartera, el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Gualberto Hochkofler, informó que el valor de la exportación de minerales creció 24% al primer trimestre de este año, respecto al mismo período de 2017, es decir, de 796 millones a 986 millones de dólares. Esto se debe al aumento en las cotizaciones de la mayoría de los minerales, y no a un incremento de la producción.
El hecho de que la minería se haya estancado obedece a varios factores, y la mayoría tienen que ver con la ausencia de una política minera y garantías a las inversiones. El año 2008 se anunció una nueva política y el cambio del código de minería, pero hasta ahora no pasa nada. También ese año se anunció un ambicioso proyecto de prospección para ubicar nuevos yacimientos de minerales.
Al parecer el resultado es un fracaso más, porque el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) José Pimentel, en el informe sobre la gestión pasada reconoció que transcurrieron 10 años y los resultados de exploración no alcanzaron los resultados esperados. Pimentel, dijo que este año se iniciarán nuevos proyectos de prospección con una inversión de más de 30 millones de bolivianos.
El viceministro Hochkofler, fue más optimista y dijo que en los últimos años hubo resultados, y mencionó que se tiene información del proyecto Santa Isabel, que tiene potencial y sólo restaría saber su viabilidad económica. En cuanto a la anunciada y postergada reestructuración de Comibol, Pimentel señaló que se espera una disposición de carácter legal, y un acuerdo con el sector laboral. La aplicación de la nueva norma pasa por una decisión política, apuntó la autoridad. Recordemos que los trabajadores mineros frenaron la aprobación de la nueva Ley.
La realidad nos muestra un escenario en el que si se efectuara una evaluación imparcial, tendríamos que reconocer que el sector minero quedó estancado con la tecnología, objetivos y mentalidad del siglo pasado, con minas que generan pérdidas mientras el caos en la producción genera graves daños ecológicos. A ello se suma el contrasentido de que el gobierno entrega concesiones hasta en las reservas nacionales. Se conoció que empresas chinas y de cooperativas nacionales explotan minerales en los nevados Illimani y Mururata.
El Gobierno inicialmente negó estos extremos, pero después de que los medios de comunicación mostraran las evidencias en imágenes y testimonios de las actividades mineras, se reconoció esta lamentable realidad. Ahora se está ofreciendo a cooperativistas concesiones en la Amazonía, sin tomar en cuenta la obligación de la consulta previa a los habitantes de la región.