Los vínculos, así como las controversias de Bolivia con Chile, son muy fuertes, no solamente por el problema marítimo, sino por una serie de factores que hacen de esa relación un motivo de permanente disputa y algunos encuentros. La controversia es permanente ya sea por el incumplimiento de los tratados emergentes de la Guerra del Pacifico, como por la necesidad de nuestro país de utilizar el libre tránsito pactado, y porque gran parte de las exportaciones e importación nacionales salen y entran por los puertos chilenos. Aparte de ello, el comercio entre los dos países es intenso. Por ello, lo que ocurre en el país trasandino le interesa mucho a Bolivia y a los bolivianos en general, y el proyecto de una nueva Constitución ha sido visto con interés.
No olvidemos que la actual Constitución chilena, aprobada por Pinochet, prohíbe ceder territorios. Pero por decisión de los chilenos, el controversial proyecto de nueva constitución ha sido rechazado en un referendo con más del 62% de los votos. El proyecto, que surgió de una Convención Constitucional, fue apoyado por solo el 37,8% de los electores. La reforma fue exigida mediante violentas manifestaciones populares, y parecía que la población en general estaba de acuerdo ya que la Constitución vigente fue aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, y un 80% de los chilenos se inclinó por el cambio. Pero el contenido del proyecto los decepcionó por llevar elementos ajenos a la cultura y tradición de ese país. Las encuestas previas y los analistas coincidían en que la propuesta de la Convención no era viable. Convertir a la República en un estado plurinacional, desató duras críticas, y con seguridad especularon con una influencia del norte.
El periódico La Tercera de Santiago, en un artículo de Max Colodro, califica al resultado de la voluntad de los chilenos como una «Lección histórica», al rechazar una propuesta surgida «desde la violencia impuesta a partir del estallido social, que dañó a millones de personas, pero que tuvo el respaldo y la complicidad de importantes sectores políticos. La magnitud de la derrota sufrida por el oficialismo supone un aprendizaje muy importante para la democracia: no se puede apostar al uso o aprovechamiento de la violencia, por muy legítimo que parezca el fin deseado»… «El proceso constituyente que terminó derrotado, nunca pudo desprenderse de ese origen violento; al contrario, los partidarios del estallido social buscaron imponer en él sus términos y hegemonía, sin ninguna consideración a la realidad política del país, es decir, a la representación y los equilibrios de fuerzas que se han confirmado una y otra vez desde el retorno a la democracia. Así, el contexto que se impuso a través del uso de la fuerza cristalizó en una mayoría espuria al interior de la Convención, generada a partir de un sistema electoral cuyo objetivo explícito fue sobrerrepresentar a ciertas minorías y subrepresentar a las grandes mayorías nacionales», expresa el articulista.
Varios otros analistas y políticos coincidieron también en que el proceso constituyente intentó imponer un imaginario de Chile basado en la exclusión, desde lógicas de identidad artificiales con la idea del Chile plurinacional, con autonomías territoriales, con sistemas de justicia distintos según etnias. El concepto de plurinacionalidad fue motivo de controversias en un país que no tiene una cultura de inclusión de representación de pueblos originarios, y que el tema indígena se ha centrado en el pueblo Mapuche, con el que evidentemente existe una larga polémica. Otra propuesta que polarizó las opiniones fue la que pretendía eliminar los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), reemplazándolos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos.
Frente al fracaso de la propuesta, ahora Chile debe diseñar nuevas opciones, y según los analistas se presentan cuatro posibilidades, todas enmarcadas en problemas de difícil solución. Repetir la ruta institucional y convocar a una nueva Convención con todos los pasos procedimentales, parece poco práctica, frente a un congreso fragmentado que difícilmente se pondrá de acuerdo. La segunda opción propuso crear una comisión de expertos que se encargaría de redactar un nuevo proyecto constitucional sin tener que pasar por la elección y los debates de una nueva Convención Constituyente. Otra opción buscaría simplemente reformas parciales a la Constitución, y finalmente dar continuidad al proceso que ya está en marcha. Cualquiera de las opciones, debe pasar por una aprobación del Congreso, lo que permite esperar un proyecto nuevo que surja de la mayoría de los representantes.