Una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició este lunes una visita al país de dos semanas para evaluar las acciones contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En una rueda de prensa, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que se trata de la «cuarta ronda» o evaluación periódica del organismo para conocer «toda la normativa» referida a la lucha contra delitos financieros internacionales.
Espinoza señaló que en las 2 semanas de trabajo «in situ», el Gafilat tomará contacto con unas 90 entidades entre estatales y privadas del sector financiero (38), público (29) y no financiero (23).
Por su parte, el secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Gustavo Vega, explicó que la delegación no solo se encargará de revisar esta gestión sino la información de «cinco años atrás» para evaluar cómo el Estado y el sector público han avanzado en las «políticas», «legislaciones» y «estructura institucional».
Vega detalló que el Gafilat «cuida que los países miembros vayan cubriendo los estándares internacionales» y analiza «cómo un país o Estado puede ser vulnerado» para financiar el terrorismo o que se realicen operaciones de lavado de dinero.
También señaló que en el informe final se harán recomendaciones al país para «abordar ciertos retos» o diseñar leyes o normativa secundaria para lograr los objetivos que indica Gafilat.
Al respecto, la viceministra expuso que «no contar con la normativa adecuada» perjudica las operaciones financieras en el exterior y la posibilidad de contar con bancos corresponsales fuera del país para realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito.
En medio de protestas
La visita de la delegación del Gafilat coincide con las protestas de algunos sectores como los comerciantes y transportistas que se han movilizado en los últimos días en contra del proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que está «congelado» en el Parlamento mientras dure la socialización de su contenido.
Aunque, a principios de este mes, el Gobierno del presidente Luis Arce aprobó un decreto que establece el congelamiento y descongelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas al terrorismo o a su financiamiento, una norma que también fue objetada por organizaciones que se sienten afectadas.
Espinoza indicó que el Estado se comprometió hace algunos años a aprobar estas normas para «salir de las listas grises» de financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero.
Sin embargo, algunos sectores de la oposición cuestionaron la aprobación de estas iniciativas al considerar que el Gobierno boliviano las puede utilizar con fines de «persecución política» y aplicar la acusación por terrorismo hacia sus detractores.
Ya a finales de 2021 varios sectores sociales realizaron una huelga nacional para la abrogación de la entonces ley 1386, contra el financiamiento al terrorismo, que finalmente el Gobierno anuló.