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viernes, septiembre 30, 2022
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García-Sayán denuncia una brecha en el acceso de las bolivianas a la Justicia

El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García-Sayán, expresó este martes su preocupación por la «seria brecha» existente en el acceso de las mujeres a la Justicia en Bolivia y la impunidad en torno a los feminicidios.

Este fue uno de los puntos incluidos en el documento con sus observaciones preliminares sobre su visita a Bolivia para conocer el funcionamiento del sistema judicial del país, señalado por su falta de imparcialidad.

«He constatado con preocupación que hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la Justicia», manifestó García-Sayán en una conferencia de prensa en La Paz.

También llamó la atención sobre el hecho de que durante la pandemia de la covid-19 aumentó la violencia contra las mujeres en Bolivia, como en otros países, y que eso también significó que «muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad».

El relator mencionó que entre 2013 y 2021 se han registrado 869 feminicidios en Bolivia y que en lo que va de año van al menos 15 y lamentó que solo el 31 % de estos casos que llegaron al sistema judicial «han merecido una sentencia», lo que es «un tema de preocupación».

En el documento preliminar, el peruano señala que ha recibido «testimonios dolorosos» de víctimas de violencia que le manifestaron «las dificultades que han encontrado para acceder a la Justicia».

También menciona un estudio de ONU Mujeres que señala que los plazos procesales en casos de violencia contra la mujer «no se cumplen, lo cual repercute en el abandono de las víctimas».

El país cuenta con tan solo 27 juzgados y tribunales especializados en violencia machista, ante lo cual el relator recomendó tener en cuenta una propuesta hecha hace dos años por la Defensoría del Pueblo para aumentar el número de estas instancias judiciales.

«Urjo al Estado boliviano a que se dé prioridad a este tema», manifestó García-Sayán a los medios.

También consideró importante fortalecer las capacidades del Ministerio Público para que pueda «actuar de oficio sin esperar la denuncia» de las familias de las víctimas de feminicidio «que optan por llorar el dolor antes que empezar a hacer costosos y complicados trámites judiciales».

Bolivia tiene vigente desde 2013 una ley que busca proteger a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Sin embargo, la norma no ha frenado los niveles de violencia machista y las organizaciones feministas reclaman desde hace años que la ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuestos y personal adecuado para atender estos casos.

Las airadas protestas recientes de las activistas tras conocerse mediante un caso sonado que muchos feminicidas sentenciados han sido liberados dejaron a la Justicia boliviana en la mira y motivaron a que el Gobierno creara una nueva comisión para revisar estos casos.

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