La ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, informó que se presentará querella penal en contra de la exministra de Comunicación -de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera-, Gisela López, por haber utilizado en forma irregular Bs. 13.000.000 (trece millones de bolivianos) en perjuicio del Estado, mediante tráfico de influencias, incurriendo en ilícitos, conducta antieconómica, falsedad ideológica y otros delitos penales.
Lizárraga, anunció que en las próximas horas presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la exministra Gisela López, y 22 personas por corrupción en la contratación de la empresa Neurona, entre ellas funcionarios.
Precisó que de las 23 personas acusadas 14 son funcionarios.
«Esta es la primera denuncia que ha presentado la Contraloría, todas estas personas que han sido denunciadas ya están registradas y se ha pedido los informes migratorios y se ha pedido informes a la UIF, para que no salgan del país y puedan responder por este caso», acotó Lizárraga.
Lizárraga dijo que la exministra Gisela López, acusada en este caso, fugó hacia Argentina por vía terrestre mediante Yacuiba el 22 de noviembre, después de un tiempo de haber pedido asilo en la Embajada de México.
«Vamos a activar todos los mecanismos de la justicia para que ella y sus cómplices en algún momento respondan por la corrupción y los delitos anexos que se cometieron», manifestó.
La Ministra informó que incluso se ha pedido al Ministerio de Gobierno gestionar la notificación roja de Interpol para atrapar a López.
Durante la gestión de López, la empresa mexicana Neurona se adjudicó consultorías para la elaboración de estrategias comunicacionales referidas a la demanda marítima boliviana, la producción de material audiovisual y artes gráficas.
Lizárraga detalló que esa empresa se presentó como allegada al presidente de México, Manuel López Obrador, y no entregó de manera correcta el material que le habría sido encargado y en otros casos ni siquiera aparece el pedido hecho por el Gobierno de Evo Morales.
«El daño económico en ese caso es de 13 millones de bolivianos, pero existen otros procesos de contratación que están bajo auditoría y que son de la gestión de la exministra Gisela López», precisó.
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, recordó que en marzo denunció que Neurona Consulting se había adjudicado de forma directa, sin ningún tipo de proceso el contrato, y por eso pidió un informe en cuatro oportunidades sin tener respuesta, y anunció que como legislador se constituirá en parte querellante en ese proceso judicial.
«Creo que este es uno de los casos más escandalosos que hubo de contrataciones directas de abuso de poder, despilfarro de los recursos públicos, pero sobre todo porque en el fondo le dieron a un grupo de activistas para que vinieran de México en la anterior campaña del Movimiento Al Socialismo, estos contratos como una forma de retribución de pago», lamentó.
Ortiz reclamó el por qué ahora el contralor general del Estado, Lucas Ara, da a conocer esas irregularidades, cuando en su momento debería inmediatamente haber intervenido y procesar a esas exautoridades.
Añadió que son cuatro órdenes de servicio y cuatro contratos haciendo un total de ocho, la mayoría para producir material audiovisual.
El director Jurídico del Ministerio de Comunicación, Edwin Beyer, precisó que los delitos tipificados contra esas más de 20 personas son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.