El Gobierno admitió este jueves la importancia de promulgar la ley del censo que ya fue aprobada en el Parlamento, lo que permitió la suspensión de la huelga de 36 días en Santa Cruz por el empadronamiento.
El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo a los medios que para el Ejecutivo «todos los esfuerzos para generar paz y tranquilidad» en la población son primordiales, por lo que se comprendió que era «importante que el presidente» Luis Arce «pueda promulgar la ley» del censo de población y vivienda, sin precisar si ya la firmó o no.
Indicó que la ley solamente aborda la reasignación de escaños parlamentarios y la distribución de recursos con base en los datos del censo y que no habla sobre la fecha de la realización de la encuesta nacional, ya que esto está en el decreto firmado por Arce hace unos días, que fijó que el empadronamiento será el 23 de marzo de 2024.
«Lo importante de la ley, en el criterio del Gobierno, es que tenemos una ciudad y una población que ha logrado retomar sus actividades», expresó Richter.
Santa Cruz paró durante 36 días exigiendo inicialmente que el censo sea en 2023 y luego demandó una ley que garantice que esos datos se aplicarán para la redistribución de recursos y los escaños parlamentarios en las próximas elecciones generales.
La ley, que solamente consta de un artículo, fue aprobada en ambas cámaras del Parlamento con votos de la oposición y de una parte del Movimiento al Socialismo (MAS), si bien una facción cercana al expresidente Evo Morales la rechazó.
El sector afín a Morales analiza presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que no es necesaria una ley sobre el censo, ya que es una atribución del Ejecutivo.
Al respecto, Richter sostuvo que lo importante es la «tranquilidad» de la población cruceña, «independientemente del camino que quieren seguir otros asambleístas».
«Persecución política»
La aprehensión en la víspera del subgobernador de la provincia cruceña Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, sindicado por un incidente con indígenas ayoreos durante la huelga, prendió las alarmas entre los líderes de Santa Cruz ante lo que consideran una «persecución política» y judicial por las movilizaciones por el censo.
Velásquez es acusado de los supuestos delitos de racismo, discriminación y lesiones leves, ya que consideran que el subgobernador lideró la agresión a un grupo de indígenas ayoreos que realizaban un bloqueo en rechazo a la huelga.
Además, la Fiscalía General del Estado ha admitido tres denuncias en contra del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar por la huelga, sin detallar los delitos por los cuales fueron denunciados.
El diputado de la fuerza opositora Creemos Walthy Eguez manifestó a los medios que busca ponerse en contacto con el subgobernador para verificar su estado y los detalles de su aprehensión y alertó de que se está «empezando a judicializar» el paro cruceño.
Eguez sostuvo que no van a dejar a nadie atrás, en especial a aquellos que son objeto de «persecución política» por parte del Gobierno de Arce y advirtió a los «malos jueces y fiscales» que pretenden aprehender a los líderes cruceños que el pueblo puede volver a las calles.
«Si piensan que los cruceños van a dejar que apresen a sus líderes están muy equivocados y a los jueces y fiscales no se presten a esa persecución, no despierten al pueblo cruceño», señaló.
Richter señaló que durante la huelga hubo pérdidas de vidas humanas y afectaciones económicas, por lo que debe haber una «sanción».