Las autoridades bolivianas investigan a los posibles cómplices que tenía dentro del órgano judicial el abogado acusado de torturar, extorsionar y amenazar de muerte a litigantes para obligarles a pagar unas deudas, se informó.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, sostuvo que existen indicios de que «habría una red de protección del abogado Jhasmani T.L. que estaría formada principalmente por jueces y vocales».
Por este motivo, el viceministro de Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, se trasladó ayer a la región central de Cochabamba, donde actuaba el abogado, para tomar las «acciones inmediatas y necesarias para lograr la captura de todas las personas que hayan sido cómplices de esta aparente red de corrupción», agregó.
«Es una situación gravísima y vamos a actuar con toda la severidad y el rigor de la ley porque sabemos que en Cochabamba ha habido determinados casos en los que se ha manipulado la Justicia», advirtió el ministro.
Arce agregó que, si se llega a comprobar los vínculos de autoridades del órgano judicial o de otras instituciones con esta red criminal, se pedirá «su destitución y su inmediato procesamiento por la gravedad de los hechos».
El caso se conoció el miércoles tras la difusión de unos videos en algunos medios y en las redes sociales en los que se ve al abogado Jhasmani T.L. lanzando golpes y patadas, y amenazando a gritos a dos hombres para exigirles que paguen una deuda.
El jurista no actúa solo, ya que en ambos videos se ve a grupos de personas que participan en las agresiones e incluso en uno de los casos rocían gas pimienta en el rostro de una de las víctimas.
Jhasmani T.L. ya enfrenta dos procesos penales por diversos delitos, entre ellos extorsión, secuestro, lesiones, organización criminal y tortura, y por uno de ellos se encontraba detenido preventivamente en la cárcel cochabambina de El Abra, desde noviembre del año pasado.
En uno de los procesos la víctima es el padrastro del jurista y en el otro, un mecánico.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó el miércoles que se han asignado investigadores del Comando Nacional de la Policía «dado que podría haber muchos nexos y muchas presiones en el caso de Cochabamba».
Por su parte, Arce recordó que en septiembre pasado, el Servicio de Atención y Protección Integral a Víctimas (Sedavi), dependiente de su Ministerio, ya brindó asistencia al mecánico en el proceso iniciado contra el abogado.
El ministro indicó que el suceso no debe ser atendido sólo por el Sedavi, sino que ahora es «una situación que debe ser investigada por el Viceministerio de Transparencia al involucrar posiblemente a jueces y vocales».
Las autoridades bolivianas sospechan de que también estarían involucrados funcionarios del Ministerio Público y la Policía.
A Chonchocoro
El abogado Jhasmani Torrico, denunciado por secuestros y torturas, fue trasladado de la cárcel de El Abra en Cochabamba al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en medio de fuertes medidas de seguridad.
Torrico arribó hacia las 22h00 de ayer al aeropuerto internacional de El Alto en un vuelo comercial de la empresa aérea Boliviana de Aviación (BoA) y fue inmediatamente conducido a ese centro penitenciario ubicado en el altiplano de la sede de Gobierno.
El abogado «torturador» que se encontraba apoyado en muletas, se mostró tranquilo ante las preguntas de los periodistas y dijo que pedirá permiso al gobernador de Chonchocoro para declarar a los medios de comunicación su versión de los hechos.
Según el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, esta decisión se toma porque el abogado habría formado una «red de poder» en el penal cochabambino, y estaba gozando de privilegios.