El director del Servicio de Migraciones de Chile, Luis Thayer, afirmó este jueves que «el ingreso irregular (de migrantes) es un riesgo para la seguridad del país», retractándose de declaraciones anteriores donde aseguró que la permanecía de personas indocumentadas no implicaba un peligro para la seguridad interior.
«Cuando una persona que entró regularmente al país no pudo renovar los papeles porque no tuvo los documentos o perdió el trabajo, efectivamente esas son situaciones que se dan (…) la irregularidad es una falta administrativa grave y gravísima en algunos casos», señaló la autoridad migratoria según el medio local El Mercurio.
Además, Thayer matizó sus dichos explicando que situaciones en donde una persona no alcanza a renovar la documentación o no tiene el dinero para pagar la multa «no constituyen un riesgo para la seguridad interior del Estado y no pueden ser equiparadas con crímenes, con narcotráfico, con trata», subrayando que «la irregularidad se ha reducido en un 54 % respecto de los primeros meses del año pasado».
En la misma línea, Thayer declaró que el problema es «el volumen de personas en situación irregular que han ingresado en los últimos años».
«No tenemos información sobre ellas, de quiénes son ni dónde están, y por eso vamos a iniciar un trabajo en los próximos meses, tal como lo ha anunciado el subsecretario, de empadronamiento de estas personas», afirmó.
Por su parte, el mandatario chileno, Gabriel Boric, aseguró durante esta jornada desde la nortina región de Arica y Parinacota que el contingente militar desplegado desde fines de febrero tras la implementación de la ley de infraestructura crítica en las fronteras ha impedido el paso de 7.000 personas de manera clandestina al país.
«Chile tiene el derecho y el deber de saber quiénes están en su territorio, las personas que han ingresado de manera irregular al país tienen que ser identificadas». «La migración en sí misma no es delito. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes. Eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular. No miremos a la persona que migra como un enemigo o adversario, sino a la persona que delinque», recalcó el jefe de Estado.
Boric ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de establecer una coordinación regional para afrontar los flujos migratorios en el Cono Sur, haciendo especial referencia al éxodo venezolano que a la fecha supera más de 6 millones de personas, movimiento comparable con la masiva huida de Siria y los intentos por llegar a Europa a través del Mediterráneo.
Para contener esta situación, el Gobierno chileno implementó un despliegue militar por 90 días en la frontera norte, específicamente en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá -puntos críticos en las líneas fronterizas con Perú y Bolivia-, en un operativo que suma miles de controles y decenas de detenciones.
Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano, una zona inclemente que alcanza altas temperaturas en el día y por las noches baja de los 0º celsius.
Colchane, pequeña población situada en la región de Tarapacá, en el altiplano, a más de 3.500 metros de altitud, es uno de los núcleos principales de la migración irregular en Suramérica, en particular la puerta de entrada a Chile de extranjeros, en su mayoría colombianos, venezolanos y haitianos.
Estos peligrosos pasos siguen formando la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que pese a la pandemia y la crisis social de 2019 sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.