El Gobierno de Luis Arce informó este viernes sobre una afectación económica por más de 500 millones de dólares en los 14 días de paro en Santa Cruz para exigir que el censo de población se realice en 2023.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, detalló en una rueda de prensa las afectaciones que la huelga ha dejado en áreas como la industria manufacturera, la construcción, las ventas, el transporte, el turismo o el sector agropecuario, «acumulando en estos 14 días más de 500 millones de dólares de pérdida».
Montenegro culpó al gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho, por estas pérdidas y remarcó que la autoridad regional «debe deponer esas actitudes» y levantar el paro.
También consideró «una irresponsabilidad» el anuncio de los comités cívicos de las otras regiones que advirtieron con sumarse a la huelga indefinida desde el lunes si el Gobierno de Luis Arce no define la realización del censo de población para 2023.
«Las predicciones para el 2023 es que el mundo va a entrar en una recesión no vista hace más de 30 años y nosotros nos damos el lujo como país de bajarle puntos de crecimiento a la economía. Eso no puede ser posible», cuestionó.
Montenegro justificó además el «cerco» a Santa Cruz que cumplen sectores afines al oficialismo desde hace once días en respuesta a la huelga ciudadana y que ha dejado aislada y sin alimentos ni combustible a la región.
Según el ministro, el cerco «ha sido una respuesta de los sectores populares» ante lo que consideró una «falta de ética de las élites empresariales y cívicas» cruceñas que supuestamente no cumplían el paro ellos mismos, pero exigían que el resto lo haga.
«Los sectores populares reaccionan y dicen (que) si hay paro, lo cumplen todos», indicó Montenegro.
Para el ministro «no hay argumentos» para amenazar con una huelga nacional o continuar con el paro en Santa Cruz, pues en las próximas horas se instalará la «comisión técnica» que fijará la fecha definitiva para el censo.
La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
Esa región está en huelga para exigir que el censo poblacional se realice en 2023 con la aplicación de sus resultados en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.
Santa Cruz también está cercada por los bloqueos de carreteras que realizan sectores afines al oficialismo alegando que la huelga busca desestabilizar al Gobierno nacional.
Algunas jornadas de paro estuvieron marcadas por enfrentamientos entre los sectores en huelga y los grupos oficialistas, además de la represión policial.
El jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al Estado a «tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica» y «fortalecer los procesos de diálogo para atender las causas de las manifestaciones».