El Gobierno volvió a responsabilizar al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) por el laudo de un tribunal internacional que obligó al Estado a pagar una multa de 48,6 millones de dólares por revertir una concesión a una empresa minera chilena cuando era gobernante.
Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, acudieron ayer a un acto de interpelación en el Legislativo, de mayoría oficialista, a solicitud de parlamentarios del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), que concluyó con un voto de confianza hacia ambos.
Durante su intervención, Arce, que conoció el caso cuando fue ministro de Defensa Legal del Estado y procurador, sostuvo que con las decisiones asumidas por Mesa en su gestión «no hemos cumplido nuestra ley y no hemos cumplido el derecho internacional».
Entre los elementos que determinaron el fallo adverso para Bolivia, Arce mencionó el hecho de «aprobar una ley y no cumplirla», el no haber realizado auditorías que eran necesarias y «utilizar un mecanismo que no era el correcto».
El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el Gobierno de Mesa.
Estas firmas presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una entidad dependiente del Banco Mundial, que a finales de mayo cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley.
Mesa, que actualmente es vocero de la demanda marítima de Bolivia contra Chile, escuchó las exposiciones de los ministros desde un palco en el Parlamento.
Al concluir la interpelación, el expresidente señaló que se trató de un «acto adelantado de acusación» en contra suya y que se han dejado de lado «elementos claves» del proceso.
«Más que una interpelación esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación contra Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá, si el Fiscal General del Estado decide abrir una acusación el 9 de julio», acotó Mesa.
Apuntó que en su momento una instancia de control minero estableció la «nulidad de las concesiones» por vicios de origen y que durante el proceso, el actual Gobierno no llevó a cabo una negociación por 3 millones de dólares, que a su juicio, debió haberse consolidado.
Además, cuestionó una supuesta negociación entre la Procuraduría boliviana y los abogados de la empresa chilena entre 2015 y 2017, momento en el que se dictó el laudo y luego se lo ratificó.
Mesa señaló que los dos ministros olvidaron explicar puntos claves sobre la mala defensa de parte del Estado.
El primer elemento es que en ningún momento mencionan que la Superintendencia de Minas, en octubre de 2004, estableció la nulidad de las concesiones otorgadas a Non Metallic Minerals (NMM) por vicios de procedimiento. Indicó que este argumento no fue utilizado para la defensa boliviana durante el proceso de arbitraje.
El segundo aspecto que no mencionaron los ministros, – agrega Mesa – es que cuando habla de los considerandos del decreto del presidente Rodríguez Veltzé, el tercer considerando establece que la decisión de anular las concesiones de NMM, hechas por la Superintendencia, causa estado y tiene plena vigencia.
Un tercer aspecto -continúa en sus declaraciones a la prensa- que el Ministro de Justicia se saltó muy rápidamente la justificación para decir por qué no acordaron 3 millones de dólares y pagaron 42 millones, y dice que no podían aceptar los 3 millones porque hubiera sido cometer un delito aceptar una transacción sobre un documento falso.
Una cuarta observación es que el Subprocurador Pablo Menacho le dice a Héctor Arce, que se han producido acusaciones muy claras, formales, por parte de Quiborax, de que Bolivia está manejando desde su Poder Ejecutivo acciones que corresponden al Poder Judicial, lo que demuestra que el gobierno de Bolivia manipula a su antojo el Poder Judicial y eso puede ser extraordinariamente negativo para el fallo final de la nulidad o no nulidad, menciona Mesa citando el informe de Menacho.
Al respecto, el ministro Arce destacó que durante el proceso de arbitraje «Bolivia se ha defendido con todas las armas a su disposición».
También recalcó que Quiborax «fabricó pruebas para acceder al arbitraje internacional del CIADI», como que los demandantes «falsificaron» un acta que les permitió el ingreso a la jurisdicción del tribunal.
Actualmente, se aguarda una decisión de la Fiscalía General boliviana que definirá en los siguientes días si Mesa va o no a un juicio de responsabilidades por este caso.
El Estado boliviano firmó en junio un acuerdo para compensar a empresas chilenas Quiborax y Non Metallic Minerals, por unos 42,6 millones de dólares, una cantidad algo menor a la multa establecida por el CIADI, con lo que se cierra un proceso que llevó más de una década.