El Gobierno ha dado de repente el paso a la investigación con transgénicos, largamente esperada por el sector agroindustrial del país, entre fuertes críticas de otros ámbitos, no solo el ecologista.
Un decreto de la presidenta Jeanine Áñez autoriza «de manera excepcional» y con «procedimientos abreviados» que se investigue en maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, tanto para el consumo interno como para exportación.
La autorización, publicada en la gaceta oficial sin darle publicidad institucionalmente, representa un cambio radical respecto a la política contraria a los transgénicos durante los casi catorce años en el poder de Evo Morales.
La «decisión política» es alabada por grupos como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo de Bolivia, un importante colectivo agroindustrial especialmente en Santa Cruz, la principal región agrícola del país.
La asociación recuerda que países vecinos como Argentina, Brasil y Paraguay llevan más de una década utilizando transgénicos, con los que consideran que Bolivia puede triplicar su producción anual de grano hasta unos doce millones de toneladas, con impacto económico de cerca de 2.800 millones de dólares y la generación de alrededor de 300.000 empleos directos e indirectos.
La opinión es bien distinta por parte de un amplio conglomerado de asociaciones ecologistas, sociales, de consumidores y colegios profesionales, entre otras.
Estos colectivos advierten en un documento conjunto de que el decreto presidencial no respeta varias leyes del país, empezando por la Constitución boliviana, que prohíbe los transgénicos que «dañen la salud y el medio ambiente».
Además de que no cuenta con las comunidades originarias y campesinas ni defiende la producción nacional frente a la entrada de semillas importadas, en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, entre otras críticas que firman naciones originarias del país, grupos ecologistas, entidades científicas, colectivos religiosos, asociaciones de acción social y otras, tanto del país como de la región.
La política hacia el sector agroindustrial en Bolivia está de manera recurrente en cuestión en Bolivia, tanto por las demandas de los grandes productores, especialmente en Santa Cruz, la mayor región del país y la más próspera por negocios como el agrario, como por decisiones como esta para los transgénicos que son cuestionadas entre quienes defienden el respeto al medio ambiente y a las comunidades originarias, entre otras causas.