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miércoles, marzo 27, 2024
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Gobierno de Guatemala pide estado de sitio por proliferación del narcotráfico

El Gobierno de Guatemala declaró un «estado de sitio» en varios municipios del noreste del país al entender que la muerte de tres soldados en una emboscada es una muestra de que cómo han proliferado los grupos del narcotráfico.

El propio presidente del país, Jimmy Morales, salió respaldado por todo su Gabinete de Ministros para anunciar el acuerdo gubernativo que será entregado al Congreso para su aprobación y que limitará los derechos constitucionales durante un periodo de al menos 30 días desde su ratificación.

Esta emergencia se decreta después de «una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y que han puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida la paz y el desarrollo integral».

El decreto gubernativo, por el que se establece que hay «circunstancias urgentes y necesarias» que facultan al presidente a cesar la vigencia de los derechos establecidos en la Constitución para evitar que se agrave la situación, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión o la portación de armas, entre otros.

El «estado de Sitio» afectará, si es aprobado, a los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chajal y Fray Bartolomé de Las Casas, en el departamento de Izabal; a los de Gualán, Río Hondo, Usumatlán, Teculután en Zacapa; Purulhá en Baja Verapaz; y San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasuagastlán, en El Progreso.

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar «el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia».

Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, «intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento» cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios «preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados» cualquier acción.

El presidente guatemalteco, después de la lectura del acuerdo, dijo que hay «muchas personas» en los municipios mencionados vinculadas a «acciones del narcotráfico», incluidos «pseudo campesinos» y «psuedo defensores de los derechos humanos» que están protegiendo a estos grupos.

«El Estado de Guatemala repudia los hechos realizados por personas que se escudan en banderas de la pseudo defensa de los derechos humanos», proclamó el mandatario, quien recordó que el martes un grupo de nueve infantes de la marina fue emboscado cuando rastreaba un vuelo ilegal por un grupo de narcotraficantes que asesinó a tres de ellos, hirió a dos, otro fue rescatado y otros dos continúan desaparecidos.

Es por ello que el Gobierno tomó la decisión de declarar el estado de sitio, continuó el presidente, quien dijo que quizá ahora se entienda la necesidad de «dotar a nuestro Ejército de las capacidades para proteger» el espacio aéreo, marítimo y continental.

«Es importante que ustedes vean lo difícil que es para nuestras fuerzas armadas luchar en una pelea completamente asimétrica y adicionalmente a esas diferencias asimétricas (…) se tiene la participación de poblaciones, muchas de ellas utilizadas poniendo a mujeres y a niños por delante como barricadas humanas», resumió.

En esta línea, y como ya lo hizo en varias ocasiones en el pasado, el jefe de Estado recordó que el Ejército persigue aviones cargados de droga con camiones en un país, Guatemala, que por su posición geográfica es un punto estratégico para el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos.

Morales, que recordó que por respeto a las familias han pedido que no se publiquen las fotografías de los militares fallecidos -uno de los cuales quedó sin rostro por un balazo y otro sin pelo cuando le «quitaron su cabellera y la sembraron en una estaca»-, anunció que ha instruido a las fuerzas de seguridad para buscar a los responsables de este crimen.

El portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Óscar Pérez, explicó a Efe que dos de los heridos, con balas en la cabeza y en los brazos, están «estables», mientras que otro, que tiene disparos «en un riñón, en el hígado y en los intestinos», está «más delicado».

Los tres tienen lesiones de «perdigones de escopeta y AK-47», las mismas que supuestamente presentan los cadáveres de los tres militares, una situación que debe ser confirmada por la autopsia que se les practicará en Izabal y no en la capital, como se había anunciado.

La Fiscalía, que está procesando la escena, identificó a los fallecidos como Carlos Esteven Mayén Cabrera; Isaías Beleu Caal y César Augusto Leonel Ceb Tun.

Diversos sectores han lamentado estos hechos, como la cúpula empresarial organizada, que dijo estar preocupada por la integridad física de los dos soldados desaparecidos y que recordó que desde hace años ha denunciado «la ingobernabilidad en el área y las constantes violaciones a los derechos humanos, la propiedad privada y la libre empresa».

Por su parte, el presidente electo, Alejandro Giammattei, condenó el ataque contra los militares y demandó «la pronta acción para el esclarecimiento de los hechos de este atentado contra la paz y que de (esta) manera no quede impune».

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