El Gobierno de Nicaragua realizó un nuevo allanamiento a otro medio de comunicación crítico del presidente Daniel Ortega, en medio de denuncias de un aumento de la represión, emitidas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El canal de televisión 100 % Noticias amaneció clausurado este sábado, luego de ser objeto de un allanamiento por parte de la Policía Nacional, que arrestó a sus propietarios, Miguel Mora y su esposa Verónica Chávez, así como a la periodista de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense Lucía Pineda Ubau, y cinco trabajadores.
La acción de la Policía, que mantiene tomada la televisora, se dio a la vez que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirar de su menú el canal 100 % Noticias a partir de las 21.00 hora local del viernes (03.00 GMT del sábado).
Horas después Chávez fue liberada y dijo desconocer el paradero de Pineda y los trabajadores, mientras que Mora fue llevado a la justicia, para enfrentar cargos por «fomentar e incitar al odio y la violencia» y «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas».
El Gobierno de Costa Rica activó los protocolos y mecanismos de protección de sus ciudadanos en Nicaragua tras la captura de Pineda, y hará consultas sobre su detención, situación jurídica y estado de salud.
«Como presidente, y también como periodista, deploro la escalada de represión y la persecución a la prensa que en estos momentos se vive en Nicaragua», declaró el mandatario costarricense, Carlos Alvarado, a través de sus redes sociales de internet.
Este mismo sábado la Policía citó al líder de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, luego de que este responsabilizó a Ortega por los efectos de la «Nica Act», una ley de Estados Unidos que impone sanciones económicas contra Nicaragua mientras no se realicen elecciones «libres, justas y transparentes».
En un comunicado oficial, la Policía dijo que decomisó dos escopetas a Chamorro, por tener vencidas las licencias.
Juan Chamorro es primo del periodista Carlos Fernando Chamorro, un crítico de Ortega, quien recientemente denunció que la Policía allanó sus oficinas y decomisó sus bienes junto con los de su esposa, en Managua, sin orden judicial.
La CIDH ha identificado acciones de este tipo, contra periodistas, ONGs y empresarios, como la más reciente etapa de «represión del Gobierno de Nicaragua», y ha advertido que tiene pruebas de que en este país se practican «crímenes de lesa humanidad».
«Ya se perdió la protección estatal a los derechos humanos, y sólo vemos que siguen escalando situaciones», dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, a periodistas.
Desde el estallido social de abril pasado, Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega rechaza los señalamientos y aduce que se impuso a un intento de «golpe de Estado», teoría que niegan la Acnudh y la CIDH.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.