El Gobierno rechazó este viernes el reporte del Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos sobre la crisis y los frustrados comicios de 2019 al considerar que «no tiene ninguna trascendencia» y es una «intromisión» en los asuntos de Bolivia.
El reporte «no tiene ninguna trascendencia ni en Bolivia ni en el mundo», «nos parecen (consideraciones) impertinentes» y no tiene «ningún valor», manifestó el canciller, Rogelio Mayta, en una rueda de prensa.
El titular de Exteriores también aseveró que el documento, que se conoció en la víspera, es parte de la «dinámica interna» de Estados Unidos, no tiene un efecto en Bolivia y no va a cambiar la posición del Gobierno sobre la crisis de 2019.
El reporte responde a una ley estadounidense aprobada por el Congreso de ese país hace algunos meses para que el Departamento de Estado presente un informe sobre las elecciones anuladas de 2019 y que en ese momento la Cancillería boliviana no comentó al considerar que era parte de la «dinámica interna» de EE.UU., dijo Mayta.
Bolivia afrontó una crisis política y social luego de la proclamación de Evo Morales como ganador de esos comicios, con lo que debía ejercer un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude electoral por parte de los sectores opositores y las afirmaciones de un «golpe de Estado» por parte del oficialismo.
La crisis desencadenó en la renuncia de Morales a la Presidencia y la instauración de un Gobierno interino dirigido por la exsenadora de oposición Jeanine Áñez.
Contenido del texto
El reporte de cuatro páginas posee dos secciones, una en la que menciona aspectos sobre la «transparencia y legitimidad» de las elecciones bolivianas del 20 de octubre de 2019, con base a los informes de la OEA y la Unión Europea, y otra sobre los «avances en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos».
El texto se refiere al «apagón que duró 18 horas» del «conteo oficial», algo que fue «inexplicable» y que se hizo «intencionalmente», según «múltiples fuentes de observación confiables».
El Departamento de Estado también señala la posterior auditoría de la OEA al proceso electoral, solicitada por el Gobierno de Bolivia, que «confirmó» una «manipulación electoral» además de la «serie de acciones deliberadas para alterar los resultados».
Al respecto, Mayta recordó que existen «informes de expertos» que rebatieron las observaciones de la OEA y remarcó que es «inapropiado» que las autoridades de otro país discutan aspectos de la política interna de Bolivia.
En la segunda parte, sobre vulneraciones a los derechos humanos, el reporte se basa principalmente en las investigaciones de Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, el informe sobre derechos humanos del propio Departamento de Estado además del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El reporte recuerda que el informe del GIEI constató «graves violaciones a los derechos humanos» en las Administraciones de Morales y Áñez.
También menciona que la aplicación de las recomendaciones del informe del GIEI por parte del Gobierno de Luis Arce «sigue siendo en gran medida parcial» y destaca que en el primer semestre de 2021 el Gobierno boliviano procesó a 41 exfuncionarios de Áñez.
Sobre la exmandataria interina, detenida desde marzo del año pasado, el reporte señala las críticas de «expertos» por las «irregularidades» en su caso y porque el Gobierno «al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Áñez» y otros acusados «ejerciendo presión sobre jueces».
El reporte cierra con un pedido a Bolivia para «implementar las recomendaciones del informe del GIEI de manera justa y transparente».
Reacciones al reporte
Áñez dijo en Twitter que el reporte «reconfirma el fraude electoral en Bolivia, cometido por Evo Morales y el Gobierno del MAS en 2019» y pidió un «juicio de responsabilidades contra (los) autores».
«No queda ninguna duda en Bolivia y el mundo que el MAS hizo fraude y que hoy busca impunidad y olvido con persecución y mentiras», señaló por su parte el expresidente Carlos Mesa.
A su turno, el expresidente Evo Morales manifestó en varios tuits que «es un nuevo ataque de EE.UU.» y puso en duda la «solidaridad» que el Departamento de Estado le expresa a las víctimas de esos hechos porque a su juicio «financió, apoyó y defendió» a un «Gobierno de facto».