El Gobierno anunció este viernes un proceso penal contra dos exaltos funcionarios de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), tras un fallo de arbitraje internacional favorable a Bolivia que descarta un pago de 15 millones de dólares a una empresa estadounidense.
En una rueda de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, señaló que «ni Emapa ni el Estado» realizarán «ningún pago al demandante» Duron LLC, tras saberse el fallo del Centro de Arbitraje Graim and Feed Trade Association (Gafta).
El ministro detalló que Gafta en la víspera determinó «no ha lugar» a las peticiones de la empresa Duron LLC que exigió un pago de unos 15 millones de dólares por un supuesto «incumplimiento de contrato» por parte de la entidad estatal boliviana.
Huanca señaló que durante la gestión interina de la expresidenta Jeanine Áñez, Emapa tenía previsto comprar a Duron LLC unas 30.000 toneladas de trigo valuadas en 7 millones de dólares, «misma que no ha sido cumplida», pese a que la entrega estaba fijada para el 21 de julio de 2020.
El ministro detalló que en ese momento la empresa extranjera observó «irregularidades en el proceso de contratación» por parte de Emapa, por lo que en diciembre de ese año presentó una nota «reclamando incumplimiento de contrato» pese a que en ese tiempo Bolivia no había recibido «ni un grano de trigo».
Tampoco quedó constancia del «certificado de embarque, entrega del producto ni mucho menos de la cobertura del seguro», indicó la autoridad.
Después, la firma estadounidense presentó una demanda internacional en la que pidió que Bolivia pague más del doble del valor de la mercadería.
Ante esto, el Gobierno identificó durante el proceso de defensa que en realidad aquella administración de Emapa buscó efectuar una «compra irregular» con la que se intentó causar un «daño económico al Estado», según dicta un comunicado del Ministerio de Justicia.
Esa cartera de Estado presentó una denuncia penal contra el exgerente General de Emapa Eduardo Wilde Jordán, aunque el ministro Huanca también señaló que el proceso alcanzará al también exgerente José Ramiro Calderón.
Los cargos que pesan sobre los dos exejecutivos son contratos lesivos al Estado y constitución de sociedades o asociaciones ficticias, por lo que desde el Gobierno se pidió a las instancias judiciales «celeridad en la investigación» hasta que se dicte una sentencia.