El Gobierno boliviano aseguró ayer que investigará un caso de supuesto desfalco de unos 7,7 millones de dólares en una cooperativa de telecomunicaciones del país, por el que desde el oficialismo se reclaman responsabilidades.
«Va a haber investigación», dijo a los medios el ministro de Trabajo de Bolivia, Milton Gómez, tras una reunión del gabinete de Gobierno en La Paz.
La Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) denunció la sustracción interna de esa cantidad, supuestamente por algún tipo de robo financiero, fraude o estafa.
El ministro dijo que «está haciéndose la fiscalización por el Ministerio de Trabajo» para esclarecer lo sucedido, aunque aún en «etapa de interpretación de la legislación», por lo que pidió «no adelantar opiniones ni especular» sobre lo ocurrido.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, lamentó que el Ministerio Público no hubiera iniciado una investigación de oficio.
«Parece que el Ministerio Público siempre espera una nota o una demanda. Si se escucha un acto de corrupción, debería iniciar de oficio un proceso de investigación», declaró el político oficialista, de acuerdo con un comunicado de la Cámara Baja.
El diputado cruceño que preside la Comisión de Economía Plural de esta Cámara, Henry Cabrera, informó que esta instancia aprobó una petición de informe oral dirigida al Ministerio de Trabajo.
El objetivo es que este departamento «haga conocer sobre el daño económico», según el comunicado.
La petición reclama además que se aclare «quiénes son los representantes legales de las empresas que prestan servicios a la cooperativa y si tienen algún parentesco con los actuales consejeros de administración y vigilancia».
Otros parlamentarios del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), como el diputado por Santa Cruz Edgar Montaño, recalcaron el pedido para que «se dé con los autores intelectuales».
«No hemos pedido la renuncia de nadie, porque es fácil saltar del barco cuando hay problemas», advirtió.
«Queremos saber quiénes son los síndicos, administrativos y quienes realizaban los arqueos en Cotas», señaló Montaño, citado en el boletín.
«Hasta el momento no hay ni un detenido y simplemente están viendo quienes van a declarar, si son primero los señores que tienen deudas atrasadas con Cotas o los altos directivos que ganan jugosos sueldos», criticó.
Según se conoció, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Iván Uribe, pidió voluntariamente abandonar el cargo “a fin de evitar cualquier susceptibilidad en la investigación».
La propia entidad presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía Boliviana, que prevé citar como testigos a empleados de Cotas y de empresas proveedoras.
Una auditoría descubrió una alteración en el sistema de control de la cooperativa, al parecer mediante solicitudes ficticias de equipos electrónicos en un programa para cooperativistas, según un periódico cruceño.