El Gobierno calificó este viernes de «político», «unilateral» y metodológicamente «débil» al informe que presentó la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) sobre la situación del narcotráfico en el país en el que instó a Bolivia a reducir la cantidad de cultivos de hojas de coca.
En una rueda de prensa en La Paz, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró que este «es un informe político, unilateral, y con una metodología débil» al compararlo con el que anualmente eleva la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés), que es el que el país reconoce.
El informe que presentó la ONDCP estableció que la producción de cocaína en Colombia y Perú disminuyó en 2021, aunque sigue siendo elevada, mientras que en Bolivia permaneció estable ya que en esta última nación se produjeron 317 millones de toneladas, un 1,6 % más que las 312 del año anterior (2020), y registró 39.700 hectáreas.
También, la oficina antidrogas de la Casa Blanca alentó al Gobierno boliviano a «continuar sus esfuerzos para reducir» el cultivo y la producción.
El ministro Del Castillo señaló que, según el informe de Estados Unidos, «existe una superficie de hoja de coca superior a las 39.000 hectáreas» y manifiesta que «todo esto es un potencial para convertirlo en cocaína».
Del Castillo recordó que una buena parte de los cultivos de la planta se destina al consumo tradicional, principalmente a su masticado, que se conoce localmente como «pijcheo», «acullico» o «boleo», y que EE.UU. «estaría desconociendo» aquello, puesto que «la hoja de coca no es cocaína».
Otro aspecto que generó la protesta del ministro boliviano fueron las 2.700 hectáreas erradicadas que la ONDCP atribuyó a la Administración de la expresidenta interina Jeanine Áñez en 2020, que según el Gobierno de Luis Arce fueron únicamente de 1.700, ya que en la gestión transitoria esa labor se paralizó «por 178 días».
Para el ministro, el informe de la ONDCP es un «panfleto» que «busca mentir al pueblo boliviano y a la comunidad internacional».
Del Castillo puso como referencia los informes anuales que realiza la Unodc, un organismo que «hace un trabajo de campo», a diferencia del que emitió la Casa Blanca que consideró «ni siquiera guarda relación con la realidad boliviana».
El informe difundido en agosto de 2021 por la Unodc señaló que los cultivos de la planta en Bolivia se incrementaron un 15 % al pasar de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas en 2020.
La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
Desde 2017, Bolivia amplió mediante una ley la superficie de los cultivos legales de la hoja de coca, de 12.000 a 22.000 hectáreas, al considerar que esa es la cantidad necesaria para cubrir la demanda para el consumo tradicional, medicinal y ritual.
Del Castillo consideró que el informe de la ONDCP es uno más de los «diversos mecanismos para mantener su control geopolítico en distintas partes del mundo» y que la finalidad de la «guerra contra las drogas» es una herramienta para «implantar bases militares» y «subordinar» a algunos países.