El Gobierno pidió este sábado a la Fiscalía General del Estado revisar el caso del argentino Facundo Morales, exmiembro de las FARC colombianas detenido en el país desde hace un año, alegando que sus derechos fueron vulnerados por el Ejecutivo transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez.
En una rueda de prensa en La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que el Ejecutivo respeta la «independencia del órgano Judicial», pero que «excepcionalmente» decidió referirse al caso de Molares a pedido del canciller argentino, Felipe Solá.
«He leído la acusación de la Fiscalía de 43 páginas y le pido al fiscal general (Juan Lanchipa) que revise esa acusación, no encuentro ni un solo elemento de prueba para acusar penalmente a este ciudadano», manifestó.
El argentino, que cumplía detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro en el Altiplano de La Paz, tiene un fallo renal y se contagió de covid-19, por lo que actualmente se encuentra en un hospital, explicó el ministro.
Lima lamentó que Molares fuera esposado a la cama en el hospital, lo que «se entiende en derecho humanitario como un trato inhumano, degradante», que ya ha sido corregido por las autoridades.
También criticó la situación de «retardación de justicia» en que se encuentra el argentino y «que nadie le diga por qué se lo está acusando» porque «ninguna persona en Bolivia puede sufrir ningún trato cruel, inhumano o degradante».
Los antecedentes
El argentino, exmiembro de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue detenido en la localidad de Yapacaní el 14 de noviembre de 2019, acusado de participar en revueltas junto a los grupos que defendieron la gestión del entonces presidente Evo Morales.
Molares, alias «Camilo Fierro», entró en «coma inducido» a causa de las heridas que sufrió durante un enfrentamiento entre grupos afines y contrarios al expresidente Evo Morales en la ciudad de Montero el 30 de octubre del año pasado, según información de la Policía.
En aquel enfrentamiento murieron por disparos de bala dos activistas cívicos que protestaban contra las irregularidades en las elecciones generales de 2019, anuladas entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que son investigadas penalmente y que él niega.
El Gobierno de Alberto Fernández, aliado del MAS, informó en octubre pasado sobre la presentación de una nota oficial al Juzgado encargado del caso marcando la «urgencia» de considerar la cesación de la prisión preventiva de Molares.
La familia del argentino ha asegurado que llegó a Bolivia para trabajar como reportero gráfico y que no tuvo nada que ver con los hechos imputados, además de pedir su repatriación.