El Gobierno presentó este miércoles seis ejes para realizar una reforma judicial participativa «junto al pueblo boliviano» y que apunta a recabar sugerencias de transformación más allá del criterio de especialistas o pedidos de destitución en altos cargos.
En una rueda de prensa en La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que la reforma «no pasa por obligar a renuncias o por pedir que existan cambios en el máximo nivel», sino que se busca «transformar la justicia junto al pueblo de Bolivia».
Lima se refirió a una «ruta crítica» que tiene como elementos un proceso de 30 días para la «socialización de la reforma judicial y recepción de propuestas» por departamentos, un tiempo similar para la sistematización de la información y otros 30 para la elaboración de «normas que sean necesarias» en el Parlamento, así como un nuevo presupuesto judicial.
Aspectos de la reforma
Los seis ejes giran alrededor de un «balanceo del conflicto» donde se propone una «distribución uniforme y estratégica» de jueces conforme a la cantidad de población en las regiones, mejoras en el «sistema de acceso», ya que 175 de los más de 330 municipios del país no tienen presencia judicial.
También está la «independencia judicial», que implica la carrera judicial institucionalizada, y la «evaluación de desempeño de jueces», «soluciones» en tecnologías informáticas de comunicación, «desarrollo normativo» y «transparencia institucional», apuntó Lima.
El ministro mencionó que para esta reforma «no se necesita» un referendo o una Asamblea Constituyente y que no implica un cambio de la Constitución, aunque no se descarta que esta opción pueda presentarse en el desarrollo del diálogo.
Lima enfatizó que «ya está agotado el modelo en que los juristas sean los que hacen las transformaciones en la justicia» y que ha sido una petición del presidente boliviano, Luis Arce, que exista una participación de todos los sectores que incluye también a partidos políticos y la Iglesia católica, remarcó.
Postura de opositores e Iglesia católica
Para Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza de oposición en el Parlamento, «el tema de fondo» pasa por realizar la remoción de los operadores de justicia como fiscales y jueces que, a su juicio, son funcionales al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Alarcón consideró que Lima busca una reforma para en el fondo «no cambiar nada» y que el Gobierno en realidad quiere mantener a los mismos funcionarios de la justicia para seguir con la «persecución político-judicial» contra aquellos que el MAS considera sus enemigos.
En un comunicado, la Iglesia católica manifestó su «preocupación» por lo que considera «la deplorable situación de los derechos humanos y la manipulación de la administración de la justicia».
Se refirió a que la Justicia ha pasado a ser «ser una herramienta de revancha en manos de los que detentan el poder» y ha reivindicado el «derecho a la defensa en libertad» de la expresidenta interina Jeanine Áñez, que está en reclusión hace más de cinco meses en una cárcel de La Paz por el caso llamado «golpe de Estado».
La Iglesia católica también se manifestó sobre la necesidad de una reforma judicial con base en un «amplio acuerdo nacional», algo que en la misma línea han pedido las principales fuerzas de oposición y movimientos cívicos.
La necesidad de una reforma de la justicia se acentuó tras hacerse público el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política y social de 2019, que indicó que en el país hubo «graves violaciones a los derechos humanos».
Bolivia está enfrascada en una polémica entre el oficialismo, que asegura que Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado en 2019, y sus detractores, que sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de ese año, que fueron anulados.