Ante una nueva arremetida del Gobierno en contra de los medios de comunicación social, los representantes nacionales Gonzalo Barrientos, Wilson Santamaría, Amilcar Barral, manifestaron que «se solidarizan con la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y de otros departamentos, que denunciaron que el gobierno ejerce políticas de asfixia económica contra los medios y periodistas».
Exhortan a los «medios televisivos y radiales, que otrora conformaron el acuerdo ANP-ASBORA, a denunciar ante organismos internacionales el atentado político preelectoral que el Gobierno pretende sea aprobado en el Legislativo para que los bolivianos no sean informados sobre la galopante corrupción imperante, las denuncias por narcotráfico, la pésima y podrida administración de justicia».
¡No nos acallarán! afirman periodistas
Por su parte, expresidentes de la Asociación Nacional de la Prensa y del pacto con ASBORA, manifestaron: «Pese a toda circunstancia política que pretende silenciar a los medios para que el pueblo no sea informado oportunamente, con firmeza declaramos:
¡No nos acallarán! porque el soberano mandante se da cuenta que el Gobierno efectúa actitudes antidemocráticas con fines electorales».
La ANP advierte que el Gobierno pretende otro golpe financiero de los dos tercios del legislativo
Indica que «Un Sistema Informático de Gestión de Causas contemplado en el Proyecto de abreviación procesal penal reemplazará a las comunicaciones judiciales que hoy se imprimen y difunden en los diarios».
Señala que «los edictos que publican los diarios serán reemplazados por información digital, según el Proyecto de Abreviación Procesal Penal que se aprobó en el Senado y será considerado por la Cámara de Diputados. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los medios impresos alertó «que la medida representa otro golpe financiero al sector».
Los diarios bolivianos en la jornada elevaron quejas ante instancias internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución a principios de abril para reclamar «el cese de la asfixia financiera a los medios impresos».
«Varios diarios del país obtienen ingresos por la difusión de avisos de notificación legal que son conocidos como edictos y la eliminación de la obligatoriedad y reemplazo por información digital terminará provocando su colapso», alertó la ANP.
El Presidente de la ANP lamentó que esta nueva disposición se esté discutiendo en la Asamblea Legislativa precisamente en un momento en que la ANP y el Gobierno abrieron un espacio de diálogo para estudiar mecanismos que permitan revertir el impacto de otras leyes que, en los últimos años, han afectado la estabilidad económica de los medios de comunicación.
La ANP alertó que las pérdidas son cuantiosas por la difusión de avisos gratuitos respaldados por 12 leyes y un decreto y reiteró que la fragilidad financiera obligó a racionalizar personal en sus equipos periodísticos.
La asesora legal de la ANP, Mabel Antezana, expresó «que entre las garantías de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) está la obligación de información al ciudadano sobre cualquier proceso o resolución que le afecte entre sus intereses», con ello «justificó la importancia de los edictos en los diarios. El sistema de publicación edictal tiene como objetivo el control de los abusos de los administradores de justicia y existe la obligación de poner en conocimiento de la parte adversa cualquier proceso o notificación en su contra», dijo la jurista.
Barón el mentiroso que fue defenestrado del Senado
El senador oficialista por el departamento de Chuquisaca y expresidente de la Cámara Alta, (que mintió «que por teléfono» la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dra. Katia Uriona, aprobó una determinación sobre la Ley de Partidos que fue desmentido por dicha letrada), Milton Barón, declaró a la Unidad de Monitoreo de la ANP que el tema «es parte del Proyecto de Ley de abreviación procesal penal de fortalecimiento a la lucha en contra a la violencia a los niños y las mujeres».
Cuando el periodista preguntó por la supresión de edictos en los diarios, Barón evadió el tema con una explicación: «O sea los edictos se van a publicar. Se está habilitando un sistema informático de causas (Sistema Informático de Gestión de Causas) y ahí se van a publicar, otro en el portal del Tribunal Supremo de Justicia, en el del Ministerio Público, para el litigante. Van a continuar habiendo edictos y se publicarán en estos tres sitios».
Parlamentarios rechazan posición antidemocrática del Gobierno
Los parlamentarios nacionales, Gonzalo Barrientos, Wilson Santamaría, Amilcar Barral, el senador, Fernando Campero Paz, organizaciones de profesionales, de entidades cívicas expresaron «la publicación de edictos en periódicos es fundamental para el conocimiento de los encausados y del público». Defendieron la actual modalidad de notificaciones «de hacer conocer a los ciudadanos las acciones legales, porque es señal de imparcialidad».
Gonzalo Barrientos y Santamaría coincidieron en señalar «que el Gobierno de Evo Morales tiene terror a que los medios escritos informen sobre los actos de corrupción, la pésima y podrida administración de justicia, el crecimiento del narcotráfico».
Los dirigentes del Centro Cívico de La Paz, del Centro Cultural 20 de Octubre, Dr. DAEN: Wenceslao Jáuregui, el ingeniero Adalid Díaz, manifestaron que el Gobierno sabe que las informaciones impresas quedan como testimonio para todas las generaciones sobre actos y actuados de los gobernantes, por ello es que su obediente presidenta del Senado, la denunciada chilena de nacimiento, Adriana Salvatierra Arriaza, sin hacer conocer públicamente lo que se trató, respecto a la libertad de expresión, de prensa, difusión del pensamiento y derecho a publicitar avisos legales, aprobó un proyecto, remitido por el Órgano Ejecutivo, «está claro que se pretende silenciar a los medios de comunicación impresos para que no se siga develando nuevos hechos de corrupción, nepotismo, pésima y «podrida» administración de justicia, como reconocieron Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, y sin embargo se valen de esos pésimos administradores de justicia y del Tribunal Supremo Electoral, con fines electorales».
Los diputados Barrientos y Santamaría, enfatizaron: «En la Cámara de Diputados quienes respetan la libertad de expresión, libertad al trabajo de los periodistas y medios escritos, deben pronunciarse y oponerse a este nuevo atentado del Gobierno que pretende acallar la voz de protesta y denuncia de los bolivianos, se debe rechazar dicho proyecto».
Asignaron importancia al trabajo de los medios escritos y «defendieron la libertad de prensa como principio democrático, advirtieron que el pueblo debe salir en defensa de los medios de comunicación escritos porque es la única manera de frenar al Gobierno autócrata».