El Gobierno señaló que la petición de seis congresistas estadounidenses de imponer sanciones a funcionarios bolivianos relacionados con los procesos de líderes opositores como la expresidenta interina Jeanine Áñez es «carente de seriedad y sin fundamentos».
En una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los congresistas republicanos le solicitan «la imposición oportuna de sanciones» a los «ciudadanos bolivianos responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos».
«Esta solicitud es de solo seis congresistas, de 435 que tiene el Congreso de Estados Unidos y no tiene ningún tipo de fundamento, además que no es una decisión del Gobierno estadounidense», dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, en un comunicado de la Cancillería.
Mamani defendió que en Bolivia «velamos por los derechos humanos y el acceso a la justicia y ese compromiso se demuestra en la apertura de nuestro Gobierno para invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegará para observar la situación de los derechos humanos en nuestro país».
En la carta a Biden, en la que no se precisa contra qué funcionarios irían las sanciones, los congresistas señalan que detenciones como la de Áñez o la del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debilitan la oposición en Bolivia y abre la puerta a que el Partido Comunista Chino y «otros regímenes autoritarios impongan aún más sus intereses estratégicos en el país suramericano y la región».
«El compromiso de Bolivia con los derechos humanos es reconocido por la comunidad internacional. Una muestra de ello es la elección de nuestro país por unanimidad para ejercer una vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», dijo el vicecanciller.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará desde el próximo lunes una visita a Bolivia de «monitoreo a la situación de los derechos humanos», para lo que se reunirá con autoridades del Gobierno y de organizaciones sociales y también tiene previsto ir hasta las cárceles en las que están recluidos Áñez y Camacho.
Ambos líderes opositores afrontan procesos por los hechos de la crisis de 2019, que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» en contra de Evo Morales, mientras que la oposición denuncia que las protestas fueron producto del fraude electoral a favor del entonces presidente en las elecciones fallidas de ese año.
El Gobierno señaló que la llegada de la CIDH manifiesta que existe una «apertura al escrutinio público» ante las acusaciones de que se tienen «presos políticos».
Mamani recordó que Bolivia está aplicando las recomendaciones que en 2021 hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, como la atención a las víctimas por vulneraciones a los derechos humanos, ajustes en el sistema judicial y acciones de políticas públicas.