El ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, retiró ayer la acusación que presentó esa cartera de Estado durante el Gobierno del expresidente Evo Morales como parte querellante en un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009.
Murillo dijo a los medios en Santa Cruz que su oficina «ha retirado la acusación falsa que han hecho los del Movimiento al Socialismo (MAS)», el partido de Morales, con la que, a su juicio, hizo «persecución política» a los líderes de esa región oriental.
El «caso terrorismo» estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó una operación en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y dos detenidos, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra Morales.
Murillo sostuvo que ese caso tenía la finalidad de «quebrarle el alma política a Santa Cruz» y que el Gobierno transitorio no está de acuerdo con ello, por lo que llegó en persona hasta Santa Cruz para retirar esa acusación.
Según el ministro, los jueces ciudadanos de ese caso manifestaron que todo fue «montado por el Ministerio de Gobierno» de ese entonces a través de amenazas y pagos.
«Nuestra obligación en la justicia es desistir de esta blasfemia y retirarnos de este juicio porque no nos lleva a nada bueno, los bolivianos necesitamos la reconciliación, la unidad, no necesitamos seguir confrontándonos», señaló Murillo.
Los jueces ciudadanos se retiraron del caso y Murillo pidió al Ministerio Público que sea «coherente» y que haga lo mismo.
En tanto, el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, consideró «muy importante» que la cartera de Gobierno se haya retirado de ese caso que, a su juicio, buscaba la «confrontación».
«Estos procesos lo único que han hecho es causar daño a la población, a quienes piensan diferente», expresó Núñez.
Este proceso lleva más de 10 años sin conclusión.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.
Como ya habían cumplido su condena, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
El fiscal que estuvo a cargo del caso, Marcelo Soza, solicitó en marzo del 2014 en Brasil refugio político, tras renunciar a seguir investigando el caso.
Una vez en Brasil, Soza denunció que el caso investigado tenía varias irregularidades y afirmó que huía de Bolivia al considerar que su vida corría peligro, aunque el Gobierno de Morales denunció que el exfuncionnario estaba implicado en actos de corrupción en casos judiciales.
Murillo anunció que pedirá su extradición para que responda por las acusaciones en su contra en el país.