Gobierno se entromete en convenios privados entre choferes y la Banca

Los transportistas volvieron a bloquear calles, avenidas, carreteras y puntos estratégicos en las principales ciudades del país, reclamando "ampliación del diferimiento de pagos por los créditos individuales que recibieron del sistema bancario", que es un convenio, contrato, entre privados. Si no quieren cumplir con pagos y lograr diferimiento deben acudir a instancias judiciales, para ello están los jueces en materia civil y no perjudicar a todos los bolivianos, afirman abogados.

paro choferes
APG

El jurista Carlos Crespo García, con referencia al paro de los transportistas aseveró: Dirigentes del gremio de transporte público afirmaron que el paro fue «exitoso», nada más falso, la consecuencia de su actitud solo perjudicó a la ciudadanía, al pueblo, que dicen representar.

Este gremio no se articula con la realidad nacional o de lo que es positivo o negativo.

Para dirigentes del sector significa «exitoso» perjudicar a la gente. Recordemos los recurrentes destrozos a bienes públicos y privados, la quema de los buses PumaKatari, las agresiones a la ciudadanía, a vehículos privados y a los propios choferes de servicio público que desean seguir trabajando.

Por su parte el Dr. José Jáuregui indico: «El paro y bloqueo afectó, ni duda quepa, a gran parte de la población que ha tenido que darse modos para llegar a sus fuentes de trabajo, negocios, cumplir con sus actividades cotidianas o buscar ayuda médica en momentos tan complicados por la epidemia del coronavirus.

La demanda de los transportistas puede ser correcta o no, pero hay una línea muy fina entre el deber de honrar compromisos adquiridos con un acreedor privado, como es la Banca, y los perjuicios sufridos por todos por la pandemia de la covid-19.

El gobierno accedió a dar una serie de facilidades a dicho sector, mayores que los que se concedió al resto de los ciudadanos.

Es verdad que, como toda la población, se vieron obligados a dejar de trabajar por fuerza mayor, al igual que todos los demás sectores, porque la pandemia no escoge a quién afectar y a quién no, ese fenómeno sanitario mundial arrasó con todo lo científicamente valorizado.

Los choferes se sienten los únicos predestinados a obtener beneficios del Estado en sus asuntos privados, en sus contratos con entes bancarios.

Analizando la coyuntura actual con una percepción resiliente, de entereza, se podría afirmar que el paro resultó positivo, (no «exitoso») porque hizo posible que mucha gente se quede en casa y no se contagie del virus.

Está demostrado, por el Ministerio de Salud, que una de las principales fuentes de contagio son precisamente los vehículos de transporte público, donde además de incumplirse las más elementales normas de bioseguridad, especialmente de guardar distancia de dos metros de uno a otro pasajero y del conductor, se mantienen en precarias condiciones técnicas y de higiene.

La hostilidad de los choferes y el pésimo servicio han obligado a decisiones de las autoridades -respaldadas por la comunidad nacional- para establecer servicios de transporte alternativo. Recordemos que la decisión de establecer el sistema municipal de transporte público en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, obedece a una necesidad social comunitario por los abusos a los usuarios, malos tratos, falta de pulcritud, constantes paros, incumplimiento de rutas, y una serie de transgresiones que colmaron la paciencia de los usuarios, que exigen a los gobiernos municipales soluciones estructurales, definitivas y efectivas. Por ello es que se proyectaron la construcción de trenes metropolitanos, los teleféricos, el servicio municipal de transporte público y otras alternativas que están pendientes de ejecución y que tarde o temprano serán una realidad en todo el país por su urgencia y necesidad».

Los choferes, frente a esta realidad y necesidad efectiva de un nuevo sistema de transporte público masivo, reaccionaron con paros, bloqueos y violencia. En muchas oportunidades llegaron a acuerdos con las autoridades municipales para mejorar el servicio, y se accedió a aumentar las tarifas con ese compromiso. También se les dio facilidades crediticias para renovar el parque automotor, lo que los convierte en un sector privilegiado que recibe ayuda del Estado, no paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no honra sus compromisos con la Banca y con los municipios, ejemplo, las multas se les «perdonó».

El letrado Crespo García manifestó: «En reiteradas ocasiones se accedió a sus ‘demandas’ a condición de que cumplan con el servicio en toda la ruta que tienen asignada, que modernicen sus vehículos destartalados, que no aumenten asientos incomodando a los pasajeros y que respeten normas elementales de urbanidad y de las normas de tránsito. Nada de ello se cumple, los choferes siguen en la misma actitud con vehículos, muchos de ellos, con asientos desarticulados que se adhieren a los amortiguadores arriesgando la vida de los pasajeros, y la interrupción de la ruta asignada.

Frente a la incongruencia de los transportistas, surge otra al calor de la pandemia, no faltan los que creen que debería extenderse el paro en forma indefinida y coincidir con una nueva cuarentena, pésima obnubilación que acabaría también con el trasporte público.

El trabajo, el negocio, y las actividades esenciales de servicio son necesarios, pero por encima está la vida de la gente, por ello se impone sabiduría en la toma de decisiones oportunas que no perjudique ni incida en la salud, economía nacional, municipal y departamental, ¿o acaso los choferes consideran que encerrados en sus domicilios los habitantes solucionarán su economía?, acaso no representaría -como afirmaron muchos analistas- una muerte con desesperación por no haberse alimentado ni sus familias? ¿Es que los choferes piensan solo para si, en sus contratos privados?, en los que el gobierno no debería inmiscuirse.

Si no quieren cumplir con pagos y lograr diferimiento deben acudir a instancias judiciales, para ello están los jueces en materia civil y no perjudicar a todos los bolivianos.

Es hora de imponer lo que manda la Constitución y normas legales».