Autoridades de Gobierno y representantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) declararon ayer por la noche un cuarto intermedio en el diálogo hasta este lunes, para continuar el debate económico sobre una auditoría técnica, informó el ministro de Economía, Mario Guillén.
El reinicio de diálogo se dio en instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la ciudad de La Paz y contó con la participación de los ministros Alfredo Rada, Mario Guillén y Roberto Aguilar, por un lado; el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, el vicerrector, Nelson Centellas y dirigentes de la casa superior de estudios, por otro.
Guillén resaltó la predisposición de los representantes de la UPEA para realizar una auditoría a esa casa de estudios superiores, tomando en cuenta que el Ejecutivo mantiene que el «debate económico tiene que ser previa a una auditoría».
«Nosotros hemos pedido un cuarto intermedio, mañana (lunes) nos volveríamos a reunir con ellos para analizar precisamente todos estos temas de estas auditorías que deberíamos realizar nosotros a la universidad», señaló en conferencia de prensa.
Guillén indicó que en la reunión, el Ejecutivo mostró a la delegación de la UPEA al menos 35 observaciones que hizo la Contraloría General del Estado a una auditoría que se realizó a esa universidad en 2014.
«Entre esas (observaciones) está fondos desembolsados, recaudación en efectivo por la venta de valores en gastos diarios, anticipos otorgados de bienes y servicios que no fueron recuperados, inadecuada de operaciones registradas, incorrecto devengamiento de obras y supervisiones contratadas, deficiencias de ejecución de obras, becas, comprobantes de contabilidad insuficientes, respaldo de firmas, entre otras», detalló.
Agregó que el debate para asignar mayor presupuesto a la UPEA estará precisamente en función de las auditorías que se podrían realizar para transparentar el manejo económico de la universidad alteña.
«Nosotros estamos abiertos al debate económico, todo estará en función de estas auditorías y que la universidad demuestre los recursos que requieren para atender sus necesidades», puntualizó.
Según Guillén, los representantes de la UPEA expresaron su disposición para que se realicen las auditorías, pero advirtió que si continúan las movilizaciones, el Gobierno no será parte del diálogo programado para este lunes. Reiteró que no está en discusión la modificación de la Ley 195.
«La condición es que cualquier reunión que nosotros tengamos con la UPEA tiene que ser sin presiones. Ahora, si ellos deciden ir por las medidas de presión, nosotros también tendremos que tomar medidas y suspender esta reunión (del lunes)», enfatizó Guillén.
Retomarán medidas
Por su parte, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, anunció que este lunes los administrativos y universitarios retomarán las movilizaciones, porque se cumplió el plazo de 72 horas de suspensión de medidas de presión.
Sin embargo, dijo que asistirán al diálogo para escuchar propuestas del Gobierno para incrementar su presupuesto.
«El único avance que hemos tenido es que hemos entrado en una mesa de diálogo, del resto no ha habido nada, mañana (hoy) nos harán llegar la propuesta que el Gobierno tiene (…). Las movilizaciones continúan tal como se han programado», complementó.
Desde abril, a UPEA se moviliza en las calles de El Alto y La Paz demandando la modificación de la Ley 195, de Coparticipación Tributaria, para obtener un mayor presupuesto.
Tras un acercamiento y después de establecer acuerdos iniciales con la UPEA, el Gobierno promulgó una ley que adiciona 70 millones de bolivianos al presupuesto anual de esa casa de estudios superiores.
Empero, esa casa superior de estudios superiores rechazó el presupuesto de 70 millones de bolivianos que le fueron asignados, mediante Ley.
La UPEA demanda un presupuesto de 152 millones de bolivianos para cerrar gestión, considerando que su déficit alcanza a ese nivel. Además pide se modifique la Ley 195 como un mecanismo para obtener mayores recursos por concepto de coparticipación tributaria.
Tanto el Gobierno como la Confederación Universitaria de Bolivia rechazaron la posibilidad de reformar esa ley, porque afectaría a alguna casa superior de estudios que no estaría en condiciones de aceptar una reducción.
La UPEA exige mayor presupuesto argumentando un crecimiento de la población estudiantil que en cifras alcanzaría a 47 mil universitarios divididos en 60 carreras.