La imagen de Bolivia ante la comunidad internacional se ha deteriorado mucho por una serie de actuaciones del gobierno, sus autoridades y funcionarios que dan señales negativas de la posición del país sobre temas cruciales para la democracia, la paz, la seguridad, la justicia, el medioambiente, la economía y las libertades civiles, entre otras debilidades. La política internacional está enmarcada en acuerdos que han surgido luego de un consenso liderado por la Organización de Naciones Unidas, en busca de preservar la paz, la seguridad de los seres humanos, la supervivencia del planeta, la justicia y la defensa y protección de los derechos humanos, además otros temas que son del interés global, sobre los cuales Bolivia ha firmado acuerdos y convenciones. Pero, ¿se están respetando esos compromisos?
Permanentemente tanto Naciones Unidas como la Unión Europea y EE.UU. han observado que Bolivia incumple compromisos enmarcados en la lucha contra el narcotráfico, y es un tema sobre el que en los últimos 15 años el país ha demostrado las mayores debilidades, trasgresiones e incumplimientos, pese a los esfuerzos y ayuda para encontrar mecanismos más efectivos. Las recomendaciones sobre el medioambiente, definitivamente han quedado fuera de la práctica nacional, pese a las rimbombantes declaraciones públicas sobre la madre tierra. La quema de bosques continúa, la explotación minera sin medidas ambientales es una práctica normal; El mercurio y otros insumos agresivos contra el medioambiente son utilizados discrecionalmente en la explotación de oro en centenares de emprendimientos de cooperativas auríferas y de empresas de dudosa legalidad. Se han abierto las zonas protegidas para destinarlas a la explotación de hidrocarburos, y el irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio es cada vez mayor e impune. Recordemos todo lo que ocurrió con la defensa de su territorio que efectuaron los indígenas del TIPNIS, por la que fueron ofendidos, reprimidos, maniatados, acusados sin prueba alguna de delitos, en una cadena de atentados a sus derechos. Y en esa línea de vulneraciones a los derechos humanos ha habido centenares de denuncias contra el gobierno del MAS durante los 15 años que detenta el poder, además de muchas muestras de comportamiento reprochable de algunos funcionarios en el desempeño de sus funciones. Haber subordinado a la justicia al poder político es una de las mayores desgracias que en este momento sufre el país. Y los ejemplos son muchísimos que cotidianamente se producen y por su recurrencia ya casi no se les da la cobertura y denuncia.
Por ello no debe extrañar que en sus evaluaciones que efectúan las grandes potencias sobre los países que no respetan los DD.HH., figure Bolivia. Lo extraño sería que las violaciones a los derechos humanos y a las garantías civiles -algunas de las cuales hemos citado- pasaran inadvertidas por la comunidad internacional. Es el caso del informe interno de EE.UU., sobre los países que no respetan los derechos humanos, y que toca al gobierno del MAS, generando reacciones en el gobierno y algunos dirigentes de esa agrupación política. Pero es comprensible que reaccionen de esa manera frente a las evidencias que son muchas. Entre otros temas, el documento denominado «Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos», del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala que el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, dirigió el proceso en contra de la exmandataria Jeanine Añez y otras exautoridades, y que además ejerce presión sobre los jueces que llevan estos casos. Hace referencia a la forma como actuó el gobierno que envío a altos funcionarios a apresar a la exmandataria. También se refiere a la presión que se ejerce hacia los jueces. Recoge expresiones de altas autoridades del gobierno, puntualizando que el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que el gobierno inició un proceso penal contra Añez porque el gobierno carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Pero al margen del tema Añez, las evidencias sobre la injerencia política en la justicia son innumerables y hay hechos que tarde o temprano tendrán que ser sometidos a una justicia verdadera, como los testimonios del fiscal Marcelo Sosa y los hechos violentos en el hotel las Américas.
Finalmente hay otro tema que, desgraciadamente, en algún momento le costará mucho a nuestro país, y es la posición que el gobierno ha asumido en torno a la guerra que desató Rusia. La mayoría de los países del mundo está dejando de comprar y vender productos al país agresor. En las últimas horas surgió la corriente de que tanto Argentina como Chile dejarán de vender litio a Rusia, de manera que solamente en la región quedaría Bolivia. De darse esta situación, las sanciones que el mundo está aplicando, hipotéticamente, podrían alcanzar a nuestro país. Es una lamentable realidad que la imagen de Bolivia frente a la comunidad internacional ha caído verticalmente.