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miércoles, marzo 27, 2024
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¿Habrá referendo sobre la justicia?

Concluyó la recolección de firmas para pedir un referendo destinado a lograr un cambio en el sistema judicial en Bolivia mediante una reforma parcial de la Constitución Política del Estado. El proyecto, impulsado por el grupo de juristas independientes trabajó durante tres meses para lograr el apoyo ciudadano que permita promover una consulta mediante la vía constitucional para cambiar los mecanismos que rigen actualmente al sistema judicial, que han desvirtuado los principios elementales de lo que significa la justicia. Los resultados de la consulta serán presentados este martes 25 de abril, según el abogado Juan del Granado, miembro del grupo de Juristas que desarrolló la campaña destinada a lograr 1,5 millones de rúbricas de la ciudadanía boliviana.

«Vamos a anunciar el derrotero hacía adelante para continuar con esta batalla por una justicia digna que es lo que requerimos todos los bolivianos», acotó el jurista, según reporte de Brújula Digital. Cabe recordar que el 25 de enero de esta gestión los Juristas Independientes iniciaron la recolección de firmas en todo el país. Si se logra la colecta de 1,5 millones de firmas, se realizará un referéndum en el que se consultará a la población sobre si está de acuerdo o no con una reforma parcial de la CPE.

Otro de los impulsores de la campaña, Jaime Ponce, dijo que este movimiento está consiguiendo la participación ciudadana en la democracia directa, que representa un hito en los derechos que da la Constitución. Lo positivo es que se han sentado las bases para un movimiento que a mediano o largo plazo va a lograr su objetivo, ya sea a través del referendo o de otros métodos democráticos pacíficos de movilización, como la iniciativa legislativa», adelantó Ponce.

De acuerdo con el procedimiento, la siguiente etapa es entregar los 1.500 libros al TSE y la transcripción de las partidas en un medio digital, que de momento es inviable por el tiempo y el alto costo que representa para los ciudadanos. Los impulsores de la reforma judicial, deploraron todas las trabas que puso el gobierno para este proyecto, situación que logró desalentar a la gente y evitar que se sumen más firmas. Hubo preocupación de que sus nombres aparezcan en una «lista negra» y sufran represalias. Recordemos que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, negó el amparo constitucional que presentaron los juristas en contra del presidente y vocales del TSE para que se libere la obligación de la transcripción de los datos de las partidas. Ese fallo fue elevado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y se espera un veredicto. Sin embargo, aún no hay fecha para conocer el fallo.

Los medios de comunicación, a propósito del plazo para presentar las firmas de 1.5 millones de personas para la reforma judicial, durante la última semana publicaron las opiniones de juristas sobre la necesidad de un cambio profundo en el sistema. Asimismo, en el marco de la CXII Asamblea de Obispos, monseñor Aurelio Pesoa expresó su preocupación por los altos índices de violencia, falta de respeto a los derechos humanos y la libertad. Señaló que hoy en día hay muchas razones para perder la esperanza con motivos como: «la guerra y su reguero de destrucción de familias lastimadas por el dolor y la muerte», «la violencia y falta de respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos», «el sistema de justicia que son puro servicio a los privilegiados del mundo, pero que no sirven a la verdad, ni al pueblo, ni a los inocentes, ni a los desprotegidos», y «la libertad que es el don que nos ha dado Dios, es despreciada, cada vez somos menos libres y se respeta menos al que piensa diferente, al que opina de otra forma, al que es otro y único», sostuvo. En Santa Cruz, a su vez, el arzobispo Emérito, monseñor Sergio Gualberti, exhortó a ser solidarios con las personas abandonadas y las víctimas de una justicia amañada y servil, dando testimonio de la palabra de Jesús que está presente en medio del dolor de todos ellos y de la humanidad entera.

Mientras tanto el gobierno sigue adelante con el proceso de elección de magistrados con el mismo sistema fracasado. Entre los juristas que se refirieron al tema, Arturo Yañez Cortes, sostiene que la «elección popular» de nuevos altos cargos del sistema de administración de justicia (magistrados del TSJ, TCP y consejeros de la magistratura), representa «la crónica anunciada de otro fracaso más, con lo que no solamente -como estado y sociedad- habremos cometido no un error, sino repetido por dos veces más»… «El sentido común y aún más la legislación comparada y la doctrina, enseñan que esos altos cargos no requieren ser ‘populares’ para resultar electos, sino idóneos. Ellos cierran el sistema de justicia ordinaria y constitucional y/o gobiernan el Órgano Judicial, y ello no requiere de niveles de popularidad sino de idoneidad para el ejercicio de tan altas como delicadas funciones que exigen de alta preparación técnica, además de un avanzado sentido de dignidad propia y respeto por los derechos de los terceros sobre los que se expedirán».

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