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domingo, mayo 19, 2024
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Hacia otra elección judicial cuestionada

Tomó un ritmo vertiginoso la preparación de las elecciones judiciales para elegir a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Horas después de aprobado el reglamento en la Asamblea Legislativa (ALP), ya se convocó a los postulantes. Pero el reglamento contiene deficiencias de fondo que no garantizan imparcialidad, en criterio de juristas entendidos en la materia. El gobierno, el Legislativo y el Órgano Electoral aceleraron el trabajo, y se anunció que ya se tiene el cronograma para los comicios. El Órgano Ejecutivo activó todos los mecanismos y desahució los proyectos y propuestas para la reforma judicial.

La Asamblea Legislativa puso en marcha oficialmente el proceso de selección, y ya inició la etapa de recepción de documentos de los postulantes a magistrados judiciales. En el acto inaugural, los representantes de las comisiones parlamentarias del Senado y de la Cámara de Diputados, pertenecientes al Movimiento Al Socialismo, prometieron transparencia. Ya se publicó la convocatoria, y se recibirán las postulaciones hasta el 15 de abril. ¿Será suficiente ese tiempo para completar toda la documentación? El 16 de abril se hará la publicación de postulaciones registradas. La verificación de los requisitos se efectuará hasta el 26 de abril. La presentación de las impugnaciones será del 29 de abril al 4 de mayo. (Menos de una semana para fundamentar las impugnaciones). La evaluación de la experiencia y la prueba escrita está prevista para el 22 de mayo. Entrevistas a los postulantes del 29 de mayo al 4 de junio. Se prevé que el 7 de junio se remitirá la lista a la ALP para que se elija a los precandidatos por dos tercios de votos.

Mientras tanto, el Órgano Electoral se ha limitado a preparar el desarrollo de los comicios. Es atribución del Tribunal Supremo Electoral, organizar, administrar y ejecutar el proceso electoral y proclamar sus resultados. Debe garantizar que el sufragio se ejercite efectivamente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Pero en las actuales condiciones se está incumpliendo ese requisito.

Entre las observaciones efectuadas por la oposición y por constitucionalistas, el reglamento aprobado por el MAS contiene varias ilegalidades e incongruencias. Se prevé unos 15 requisitos que deben cumplir los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Pero llama poderosamente la atención que se libere de requisitos clave, precisamente a los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes solamente se les exige que no tengan militancia al momento de postularse, es decir, que un abogado político puede alejarse de su partido el mismo día que se inscriba como postulante a magistrado. Otra observación tiene que ver con la violación a la Constitución Política al aprobar el reglamento solamente por mayoría absoluta, y no por dos tercios.

Por otra parte, se había previsto la inclusión de equipos técnicos en el proceso de selección, con el criterio de que se dé participación a la sociedad civil. Pero en el reglamento se determina que los miembros del equipo técnico no podrán emitir criterios públicos que puedan interrumpir el desarrollo de los procesos de preselección. En caso de incurrir en lo señalado ya no podrán participar del trabajo de la Comisión Mixta respectiva. Se contemplaba la participación de varias instituciones, pero en esas condiciones sería una presencia comprometedora y sin capacidad para contribuir efectivamente a una selección de méritos.

Precisamente, una de las instituciones que fue anotada para participar fue la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que emitió un pronunciamiento señalando que la ANPB y las entidades departamentales de los periodistas no serán parte del proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial. Considera que «Es evidente que la inclusión de instituciones y organizaciones de la sociedad como acompañantes de un proceso tan cuestionado por la ciudadanía, sólo busca legitimar las decisiones de los políticos, sea apelando a la mayoría parlamentaria o sea llegando a acuerdos partidarios. La ANPB no va a ser parte de este plan», dice esa institución mediante un comunicado. Entre otras consideraciones, también anota la necesidad de llevar adelante una verdadera reforma judicial, en la cual se elijan a profesionales idóneos que le devuelvan la credibilidad al Órgano Judicial.

En las actuales condiciones, lo más probable es que repita el rechazo del pueblo a unas elecciones politizadas, y destinadas a mantener el control del poder político sobre el sistema judicial. Recordemos lo que ocurrió en los dos anteriores experimentos, cuando la ciudadanía se abstuvo o votó nulo y blanco mayoritariamente. Pese a ello, se consideró «elegidos» a los que lograron más votos.

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