¿Harakiri electoral?

Dr. DAEN. Ronald Torres Armas

El 18 de septiembre deben reunirse los partidos opositores al MAS con el objeto de determinar cuál tiene la mejor opción electoral para enfrentar y vencer al MAS. ¿Cumplirán su compromiso? ¿Serán leales al Estado y a la democracia?

El camino exigido por la ciudadanía está en concentrar el voto en quien, según las encuestas, podría ser el «kingmaker» o partido conductor del futuro gobierno. Aquellos que tienen la esperanza de obtener significativa pero insuficiente votación, deben avenirse a facilitar la obtención de mayoría simple y/o absoluta en el Parlamento en aras de la necesaria estabilidad y gobernabilidad futura que necesitara el país.

Independientemente de las simpatías o antipatías, no se trata de aportar un voto útil en favor de uno de los candidatos sino un voto con «sentido común» en beneficio futuro del Estado y de la democracia.

El escenario electoral juega contra reloj. No se puede llevar a los ciudadanos a la incertidumbre de las urnas, el objetivo es evitar la arcaica dialéctica amigo-enemigo como forma de hacer política. No hay política sin conflicto, pero tampoco sin consenso.

Si no cristaliza la voluntad de la ciudadanía, auto bloquearán su propio futuro político.

Enclaustrados en un techo electoral y faltando un mes, no pueden ya confiar en un vuelco del voto de centro derecha y centro izquierda a su favor.

Su falta de seducción y el fracaso de un acuerdo, les conduciría a una paradoja: al no aceptar apoyar a la mejor opción, prolongarían el despotismo de quienes dicen combatir, poniendo al adversario en bandeja una victoria por desistimiento.

No tiene sentido apuntar a obtener la segunda posición en la primera vuelta electoral sabiendo que se está cediendo las mayorías parlamentarias al MAS, y sin las cuales será imposible la gobernabilidad y la estabilidad de un Gobierno.

Si las palabras «lealtad» y «unidad» no se imponen aparecerá un panorama desolador de irresponsables que permitirán el retorno del autoritarismo, la ineptitud y el avasallamiento institucional. Esta vez empoderados, por haber sido inmunizados de sus delitos, profundizarán en venganza su «proceso de cambio», ante la impotencia de la ciudadanía.

Pactar no es claudicar. Se trata de evitar más degradación institucional del Estado, de ser trascendentes, determinantes, de privilegiar «el fin superior» de conservar la democracia restaurada y la alternancia en el poder, como mandato superior de la sociedad.

Es precisamente ahora cuando la nación reclama desechar personalismos y actuar con sentido de Estado, bajo la advertencia de que serán estigmatizados como traidores de las expectativas democráticas y culpables de la decepción y de la regresión de lo obtenido al rechazar una «entente cordiale». Sería un harakiri electoral de los partidos asumidos como «constitucionalistas» en favor de la irracionalidad jurídica-política y el irrespeto a la separación de poderes.