La conflictividad en Bolivia se mantiene con elevado porcentaje de conflictos irresueltos recurrentes, así como por la generación de nuevos temas de discordia que pocas veces encuentran soluciones por la vía de diálogo. Casi siempre la presión obliga al gobierno, municipios y gobernaciones a atender las demandas y negociar soluciones posibles, aunque muchas veces la reacción, especialmente de las autoridades, apela a la represión y a la descalificación para contener los reclamos, como ocurrió en el conflicto de los médicos o de los estudiantes de la universidad de El Alto de La Paz.
No se conocen acciones de prevención y alerta temprana que pudiesen evaluar las necesidades sectoriales y analizar los posibles focos de conflicto para encontrar soluciones apeando al diálogo, concertación o la conciliación. En los hechos se ha retrocedido porque ha desaparecido el recurso de la mediación o la apelación a instituciones facilitadoras de un acuerdo.
De esta manera, el gobierno casi nunca logra resolver un conflicto pacíficamente y como consecuencia la conflictividad se acentúa. Un informe de la fundación UNIR señala que entre enero y mayo, en el país se desarrollaron 436 conflictos sociales. La Unidad de Análisis de Conflictos de esa fundación detalla que en promedio, por día hubo 2,8 protestas de diferente tipo como manifestaciones, acciones radicales de protesta y enfrentamientos con la Policía que dejaron un muerto y más de un centenar de heridos.
Varios organismos internacionales han aportado ideas y herramientas políticas y sociales que faciliten la solución de conflictos. Lamentablemente, parece que no se apelan a esos recursos. Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones locales y nacionales es crucial para prevenir y promover la solución pacífica. Esta una de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (PNUD). Las recomendaciones están contenidas en una guía titulada «Sistema de Alerta y respuesta Temprana de Conflictos Sociales», emitida ya el año 2016.
Esta guía busca ayudar a los funcionarios públicos y a las organizaciones de la sociedad civil a crear mecanismos de prevención y mejorar la resolución de conflictos para evitar escaladas de violencia que podrían poner en peligro a personas, colectivos y la gobernabilidad democrática. La guía de la OEA-PNUD, además de ser única en su índole, sistematiza las lecciones aprendidas en experiencias pasadas en países latinoamericanos con sistemas de alerta temprana, mostrando principios rectores que sirvan para poner en marcha mecanismos eficaces.
La guía fomenta la búsqueda de sistemas de buena gobernanza, ofreciendo lineamientos necesarios para un buen análisis de conflictos que permitan entender los escenarios de conflictividad para generar acciones concretas de cómo proceder y de elaborar estrategias y políticas institucionales viables para la prevención y manejo de conflictos sociales.
La Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Jessica Faieta, explicaba que «tratar de manera constructiva los conflictos sociales, prevenir y resolverlos de un modo pacífico, e incluir a los principales grupos y poblaciones en la toma de decisiones, son elementos esenciales para una nueva generación de políticas en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo.
La guía señala que los sistemas de alerta temprana deben ser parte de una estrategia integral para la prevención junto a otros abordajes como la conciliación, la mediación o el diálogo; la coordinación interinstitucional de actores responsables en la atención y la promulgación de una cultura de paz en funcionarios y ciudadanos.
Los sistemas eficaces implican cooperación entre los diferentes organismos, tanto en los niveles locales, estatales y nacionales, y deben contar con el respaldo de los niveles más altos de toma de decisiones y también de los principales actores que demandan un cambio social. Las redes sociales y los medios en línea desempeñan un papel fundamental como fuentes de información, ayudando a evaluar las causas de los conflictos, y promoviendo el diálogo y la sensibilización para encontrar soluciones constructivas.