Human Rights Watch (HRW) expresó este viernes preocupación por un proceso penal iniciado por la Fiscalía contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios del canal estatal Bolivia TV por una supuesta contratación irregular.
«Bolivia: Nos preocupa el proceso penal iniciado por @FGE_Bolivia contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios de un canal público por pagar un sueldo supuestamente mayor que el permitido a otro periodista», escribió en Twitter el principal investigador de HRW, César Muñoz.
También recordó que la pena máxima dispuesta en las leyes bolivianas por los delitos imputados a estas seis personas es de 10 años de prisión y mencionó que el Ministerio Público ha pedido «su detención preventiva por 6 meses».
«Un principio fundamental de la justicia es la proporcionalidad: la acusación penal debe ser proporcional a la conducta alegada. Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general», agregó.
Muñoz se pronunció después de que medios locales informaran que la Fiscalía General del Estado abrió un proceso contra los periodistas Andrés R. y Adriana G. por haber contratado a un informador supuestamente con un salario mayor al que le correspondía cuando trabajaron en la estatal Bolivia TV en 2020, durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez.
La denuncia fue presentada por representantes del mismo canal televisivo en diciembre de 2021, por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El Ministerio Público alega que el sueldo recibido por el informador contratado en sus siete meses en la televisora estatal es un supuesto «daño económico» al Estado, ya que, al no contar con un título profesional, debía ganar menos de lo que se le pagó, según el reporte de medios locales.