La Iglesia Católica boliviana advirtió de que el pago del doble aguinaldo decretado por el Gobierno de Evo Morales supone un importante desembolso económico que puede poner en riesgo la obra social de la institución.
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) manifestó en un comunicado su preocupación «porque, con la obligación del pago del doble aguinaldo, muchas obras sociales» de la Iglesia católica «se encuentran en peligro de disminuir significativamente sus servicios e incluso de cierre por no contar con los recursos necesarios para cubrir su costo».
Los obispos aseguraron que valoran «mucho cualquier medida que beneficie a los trabajadores» y expresaron su deseo de poder cubrir ese pago.
Sin embargo, explicaron que las instituciones que dependen de la Iglesia no cuentan «con ingresos suficientes para cubrir las necesidades de la población atendida y realmente es imposible cubrir el segundo aguinaldo, ya que son obras de por sí deficitarias».
«Como se sabe, el pago del doble aguinaldo está ligado a los niveles de productividad de las empresas, mientras que las obras sociales de la Iglesia, por su naturaleza, son obras de servicio», señala el comunicado de la Conferencia Episcopal.
La entidad agregó que «todas las obras sociales de la Iglesia son totalmente dependientes de la caridad y la solidaridad, y frente a la medida del doble aguinaldo corren el peligro de tener que cerrar, dejando de prestar su servicio a los más necesitados».
El doble aguinaldo navideño se otorga a los trabajadores del sector privado y público en Bolivia cuando el crecimiento económico del país supera el 4,5 % de julio de un año a junio del siguiente.
Para este año, las autoridades bolivianas dispusieron que el 15 % del segundo aguinaldo, aplicable a funcionarios que ganan menos de 2.155 dólares, se destine a la compra de productos bolivianos de empresas inscritas a un programa estatal.
La medida generó molestia en el sector empresarial privado y la microempresa, que ha advertido de consecuencias como el deterioro de la calidad y cantidad de empleos, además de una disminución de las inversiones y el posible incremento de la informalidad.
Pese a ser afines al Gobierno de Morales, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana han criticado que el pago de ese ingreso no sea en efectivo en su totalidad.
La Conferencia Episcopal informó que ya en julio pidió al Gobierno la exención de este pago para un listado de sus obras sociales, solicitud que hasta el momento no ha tenido respuesta.