El gobierno abrió el camino para una nueva reforma judicial mediante la intención de aplicar modificaciones a la Constitución Política del Estado, y otras medidas que se iniciarían con un juicio de responsabilidades contra miembros del Consejo de la Magistratura, que se niegan a renunciar. Asimismo, hay varias propuestas de las vías para una restauración del sistema legal que encuentran apoyo en algunos sectores y rechazo en otros. La coincidencia generalizada tiene que ver con la necesidad de cambiar radicalmente el sistema judicial, que debido a la injerencia política ha desvirtuado su naturaleza, y se ha subordinado al poder político de turno.
El gobierno dice que tomó la iniciativa del cambio respondiendo a un clamor que surge de la población en general, así como de litigantes, juristas, políticos, entidades académicas, colegios de abogados, algunas iglesias, y hasta de organismos internacionales. Mediante el ministro de Justicia Iván Lima, propuso la reforma constitucional para dar paso a una nueva «reestructuración» del sistema judicial para lo cual busca el consenso entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Legislativa. Encontró respuestas en parte de la oposición que manifiesta que previamente se respete dos tercios para la toma de decisiones. Entre las sugerencias figuran una consulta ciudadana mediante referendo. Y la conformación de una «Comisión» de personas que elabore el proyecto de reforma.
No hubo dos tercios para que se conforme una «Comisión» (con haberes) pero igual la impuso el gobierno. Esta idea fue rechazada por casi todos los sectores, argumentando que se debe conformar un Consejo Superior con profesionales del más alto nivel, valorando su hoja curricular académica y de gestión, así como antecedentes éticos, y no en valoraciones subjetivas.
El ministro Lima explicó que la «Comisión» tendrá la misión de analizar tres temas fundamentales. La elección de magistrados por voto popular y «blindar» (santo dios quien cree en ese lapsus) a la justicia con jueces «imparciales». Lima afirmó también que se tiene la opinión de los políticos, Luis Arce, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, «para hacer una reforma integral a la justicia, y eso implica reformar la CPE». El gobierno reveló los nombres de cuatro de las 10 «personas» que conformarán la «Comisión» -(nos abstenemos de mencionar una denominación de tinte medioeval, y que va en contra del respeto que se merecen las personas que tienen relevancia, méritos, excelencia, en determinados conocimientos, en el caso, sobre administración de justicia)- encargada de encaminar la reforma de la justicia. Pero según miembros del Colegio Nacional de Abogados y de Colegios de Abogados de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, entre otros, resulta que los cuatro citados son exservidores públicos del gobierno del Morales Ayma.
¿Dónde estamos, acaso el actual gobierno considera que más de un millón ochocientas mil personas que votaron contra el anterior gobierno, adolecen de falta de inteligencia?
La «Comisión» comenzó su labor. En el ínterin los del Consejo de la Magistratura designaron a su gusto y sabor a más de 150 nuevos jueces, a los cuales el servidor público Lima, dio a entender que son «mediocres».
Para colmo, una vez que anunció juicio contra los consejeros de la Magistratura, al día siguiente estos nombraron -increíble- a 150 nuevos jueces y los posesionaron, manifestando además que no «renunciarán y se defenderán en el proceso» ¿qué hará el ministro?, procesará también a esos jueces a quienes insinuó que son «mediocres. El pueblo se da cuenta de lo que ocurrió en muchas ocasiones, durante los 14 años del gobierno de Morales, denuncias que «se había cobrado para ratificar a Vocales de Tribunales Departamentales y también a jueces que teniendo quejas por ante los Consejos Distritales, quedaron inmunes y siguieron en funciones, no obstante que muchos de ellos habían pasado por el MNR, MIR, UCS y se inscribieron luego en el MAS», menudo grande lío para la Comisión de «personas meritorias». Además que para destituir a los desventurados del Consejo de la Magistratura, el ministro sabe y entiende, a diferencia que otros nunca entendieron nada pero gobernaron, que se necesita dos tercios de la Asamblea Legislativa para llevarlos a juicio de responsabilidades y sentenciarlos. El MAS ya no tiene dos tercios, parece olvidar el ministro Lima.
La agrupación «Comunidad Ciudadana» propuso la creación de un Consejo Ciudadano para la preselección de autoridades judiciales y la modificación de al menos 11 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE).
«Creemos que la modificación del sistema judicial es imprescindible para el funcionamiento democrático en Bolivia, puesto que no se puede concebir la democracia en Bolivia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS, y no se puede concebir un sistema judicial que está permeado por la corrupción y la ineficiencia», dijo Carlos Mesa, excandidato por CC.
Para la modificación parcial de la Constitución es necesario que se logre el consenso para aprobar una Ley mediante dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y la propuesta que surja debe ser sometida a un referendo.
Entre las muchas sugerencias que están surgiendo, hay algunas que merecen ser tomadas en cuenta, como transformar al Consejo de la Magistratura como un órgano rector que designe a los jueces por méritos académicos y profesionales en base a un nuevo escalafón judicial, donde no se registre ni deben volver a ejercer los que ya pasaron y se beneficiaron del transfugio político permanente para cometer aberraciones jurídicas y sonsacar dinero a los litigantes.
Es necesario evitar que los políticos, ya sea desde la Asamblea Legislativa o el Órgano Ejecutivo, tengan que ver con el nombramiento de los magistrados, vocales, jueces y fiscales. Ante los hechos funestos en los que algunos magistrados apenas tenían trescientos votos, y cuando la población, 85% de los bolivianos, voto blanco o nulo que en los hechos representaba una inmensa mayoría, ya no debe repetirse la designación mediante elecciones generales. Por lo visto, las señales de partida no son precisamente los que esperaba el pueblo, ni los litigantes y abogados.
¿Se producirá el milagro de la imparcialidad?, «ver para creer» dijo Santo Tomás y sin ánimo de ofender la tomo como mía dicha afirmación bíblica.