Imponer orden ante insubordinación a la Ley

Dr. DAEN. Ronald Torres Armas

La oligarquía sindical cocalera reitera continuamente amenazas a la policía y a las fuerzas armadas, lo que, en esencia, significa «rebelión contra el Estado de Derecho».

El coronavirus está probando la capacidad del Estado para enfrentar una situación excepcional con recursos excepcionales, los que se justifican por el deber de preservar la salud y la seguridad con todos los medios disponibles, públicos y privados. Para esto, se atribuye al Estado el monopolio de toda acción legítima en el territorio y al gobierno, en nombre del Estado, de imponer el orden donde existan inconductas de insubordinación a la Ley.

Como el gobierno no enfoca los problemas con visión estructural y con proyección geoestratégica, la improvisación de la coyuntura es la respuesta. El problema de la ingobernabilidad en el Chapare plantea el problema no del exceso sino del defecto del poder incapaz, no tanto del mal uso del poder sino del no uso. Es relevante el problema del ejecutivo que no logra, por debilidad, o por incompetencia, ejercer el poder para cumplir con su deber fundamental de escuchar y de proporcionar el principal fin del Estado: orden interno y externo.

En el Chapare se consideran libres de la obligada obediencia a la Ley propiciando, como fanáticos, la apología al delito ignorando que los factores del poder nacional han cambiado y que su supremacía unilateral termino.

Su dogmatismo ideológico, demagógico y aislacionista, muestran su contradicción con los resultados de la madre de nuestros fracasos: la pobreza.

Al gobierno le compete la interpretación de la legalidad. Ellos deciden que es legal y cuándo un acto es ilegal, pero todo ejercicio de potestades conferidas debe sustentarse en la legalidad y la legitimidad para que su autoridad sea cumplida. Poder que no se ejercita poder que se cede. No se trata solo del éxito o el fracaso de la lucha contra el virus, sino de un problema de seguridad nacional, por lo que cabe exigir la lealtad al orden y a la disciplina general, y cuanto más tarden su acción de defensa de disposiciones gubernamentales -en torno a la cuarentena decretada- las unidades policiales y militares en la región, más servidumbres y menos pasividad de los pueblos enfrentarán.

Si el gobierno se empeña en gobernar sin concertación y con amenazas de represión, continuará perdiendo control del poder público territorial y terminará ocasionando que la actual sedición se convierta en rebelión. Debe ser consciente de que carga con un accionar populista. Si no se toman las decisiones correctas, el riesgo es la colombianización de Bolivia.

La salida sensata a la crisis pasa por el reencuentro de la legalidad y la legitimidad para restablecer el Estado de Derecho en el Chapare. Un gobierno inteligente procura siempre ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión.