La creciente importación y contrabando de alimentos se ha convertido en un problema no solo para el sector de las y los pequeños productores campesinos e indígenas, sino para la economía en su conjunto. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian que entre el año 2000 y 2016 el ingreso de alimentos, en otrora abastecidos por los pequeños productores, habría aumentado significativamente. La importación de papa sufrió un incremento del 400%, la del tomate en 500% y la de cebolla sufrió un aumento exponencial de 1.507%.
Pese a que la anterior información fue relativizada por el INE porque la cantidad importada de dichos alimentos solo estaría bordeando el 10% de lo producido en el país, en los mercados de abasto es fácil identificar la comercialización de importantes cantidades de alimentos producidos por los países vecinos. Por supuesto esta situación es percibida por los productores y sus organizaciones, pues es el sector más afectado por esta tendencia.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) focalizó en su agenda orgánica el tema de los mercados y precios de los productos agrícolas. La organización campesina plantea que los precios bajos estarían desincentivando las apuestas para un desarrollo agrícola por parte de sus afiliados, especialmente de los jóvenes; pues los ingresos generados por la agricultura no serían lo suficientemente atractivos para cubrir las crecientes necesidades en el mundo rural.
Desde 1985 gracias a la implementación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE), consolidadas mediante la firma de acuerdos comerciales en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la adhesión boliviana al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el país eliminó prácticamente todas sus barreras arancelarias para casi la totalidad de los productos agrícolas de origen campesino, a favor de los países de la región (Pérez, 2009). La liberalización planteada por los gobernantes de ese entonces, prometía una mayor inversión y competitividad de sectores en los que Bolivia tiene ciertas ventajas competitivas, tal es el caso de las oleaginosas industriales. Pese a los discursos de promoción del consumo de alimentos nutritivos de origen de la agricultura familiar campesina, hasta la actualidad las políticas comerciales no sufrieron cambios en su estructura y se continuó con el apoyo fehaciente a sectores que gozan de mercados preferenciales para la exportación.
El problema estructural de la productividad agrícola del país y la falta de un apoyo sistemático y consistente a la producción campesina de parte del Estado, limitó la competitividad campesina en un mercado con nuevos actores. Según reportes oficiales, entre el año 2000 y 2016, el rendimiento de los cultivos de papa y cebolla en el Perú pasó de 11.539 a 14.529 Kg/ha y de 23.810 a 39.001 Kg/ha respectivamente; frente al estancamiento boliviano de dichos productos, pues entre 2000 y 2014, la cebolla solo incrementó su rendimiento de 5.647 a 8.690 Kg/ha y la papa disminuyó de 5.753 a 4.750 Kg/ha.
En ese escenario, las posibilidades de competencia para los pequeños productores bolivianos son reducidas, más aún si se considera la política cambiaria de Bolivia y de los países vecinos. Los productores externos gozan de ventajas competitivas y mejores posibilidades para estimular el bajón de los precios de los productos agrícolas campesinos en el mercado boliviano.
Desde ese punto de vista es razonable la demanda de las organizaciones campesinas, para cerrar las fronteras, pues en las actuales condiciones según información del Observatorio Agroambiental y Productivo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y de información generada por la misma FSUTCC, el precio de venta de la papa y la cebolla, por ejemplo, estarían por debajo de sus costos de producción.
Desde las autoridades de Estado vinculadas al desarrollo rural y al comercio exterior existe la preocupación de que políticas de restricción de importaciones afectarían a los acuerdos comerciales suscritos en el pasado. Como se dijo antes, la política comercial para productos agrícolas en su estructura no ha sufrido cambios y básicamente mantienen un enfoque liberal. Pero también, al no haber la capacidad de oferta suficiente por parte de los pequeños productores bolivianos, los problemas de abastecimiento generarían incremento de precios y especulación en los mercados, lo cual afectaría a los sectores urbanos más vulnerables.
Entonces, si bien se hace necesario una estimulación para los pequeños productores a través de restricciones al libre flujo de productos, es aún más importante la puesta en marcha de políticas públicas que mejoren la productividad agrícola campesina, pero desde una perspectiva sustentable y agroecológica.
Ante la crisis de la implementación de sistemas convencionales y su alta vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático, documentados por instituciones de investigación y por organizaciones campesinas y de productores, se requieren de más y mejores acciones para el fortalecimiento de la producción agrícola campesina, pero desde enfoques integrales y basados en la agricultura sostenible.