Cuando el descrédito del sistema judicial ha rebasado toda consideración por su desnaturalizada actuación, surge como evidencia elocuente del fracaso del experimento de la reforma judicial y la subordinación de magistrados al poder político. Los ejemplos son varios, pero podemos mencionar el desconocimiento de la Constitución Política del Estado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en torno a la reelección presidencial, y la demanda del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, que pidió que la justicia se incluya en el programa «Bolivia Cambia…».
Quién debería ser el primero en defender la independencia del poder judicial resulta que busca la dependencia económica de un programa manejado por el Órgano Ejecutivo, y en todo caso, en lugar de reconocer y buscar soluciones a las debilidades que han llevado al Órgano Judicial a la pérdida de confianza, se estrella contra el periodismo acusándolo de manipular y tergiversar la información. Posteriormente, según reportes de medios de comunicación, dijo que se habían tergiversado sus declaraciones, argumentando que no se refirió al conjunto de los periodistas, sino solamente a algunos que muchas veces no proceden con objetividad.
Ojalá el magistrado, que se supone conoce las normas legales, hubiese identificado a aquellos periodistas o medios que manipulan la información, para que internamente se apliquen las normas propias que rigen el trabajo ético del periodismo. En lugar de estrellarse contra quienes trabajan para mantener informada a la población, lo que debería hacer el máximo funcionario del sistema judicial es explicar los actos reñidos con la ley que se perpetran en los tribunales, así como las actuaciones de dudosa ética de algunos funcionarios, basándose en hechos concretos denunciados por el propio Gobierno y la policía, ya que los medios de comunicación solamente los difundieron, generalmente como informes oficiales.
Para nadie es un secreto que en la actual administración se han hecho esfuerzos por reestructurar y cambiar la imagen de la justicia, pero en el camino se han adoptado decisiones erróneas que están destruyendo el debido proceso; la retardación de justicia es la permanente realidad. La detención preventiva se ha generalizado olvidando que todo ciudadano es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Más del 70% de los ciudadanos privados de libertad no tienen sentencia, y se encuentran hacinados en recintos penitenciarios que violan los más elementales derechos humanos.
Después de varios experimentos judiciales ya no se confía en jueces, magistrados ni autoridades del sistema judicial
El balance de la gestión 2018 no puede ser más negativo debido a la impunidad, agravada, además, por escándalos que salieron a la luz pública, como en el caso bebé Alexander, los desfalcos al Banco Unión, las “persecuciones” a dirigentes que se alejaron del esquema de Gobierno, como el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez.
Pero hay mucho más si se retrocede a años pasados. Mucha gente tal vez haya ya olvidado al fiscal Marcelo Sosa; el escándalo del Fondo Indígena, o el descubrimiento de la red de extorsión de funcionarios de Estado, denunciada por el propio gobierno. ¿Algo de todo ello se logró sancionar legalmente? La única vía para que la justicia logre cumplir su sagrada misión es la independencia de los otros Órganos del Estado. Hacer respetar su soberanía operativa, administrativa y económica, así como la potestad de impartir justicia a nombre del pueblo, sustentada en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, equidad y servicio a la comunidad, como manda la Constitución Política del Estado, además de cumplir un deber ético y moral que por el momento ha sido obscurecido.