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viernes, junio 25, 2021
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Importancia de la prevención

La incertidumbre social, política y económica en el país esta tensionando a la comunidad nacional sin que el Gobierno central dé muestras de comprender las necesidades, temores, susceptibilidades e inseguridad que afectan a la población. La sociedad boliviana se encuentra en una difícil situación desencadenada por el coronavirus y los efectos negativos que desembocaron en una secuela que no tiene fin, y contrariamente, parece agravarse con los masivos contagios y las carencias de unidades de terapia intensiva, espacios en los hospitales, falta de medicamentos e insuficiencia de vacunas, entre otras inconveniencias ajenas a la pandemia.

Efectivamente, en forma paralela ya se han producido bloqueos de carreteras y reclamos de diferentes sectores por necesidades urgentes que el gobierno no atiende y espera que se desaten medidas de presión para recién entablar negociaciones. La detección temprana de conflictos en un país como el nuestro, con alto índice de tensiones sociales y políticas, debería ser tarea cotidiana y permanente, de manera que oportunamente se puedan encontrar soluciones, desactivar posibles hechos de violencia y, fundamentalmente, contribuir a una mejor relación entre el Estado, sus instituciones y la comunidad.

Algunos organismos internacionales apoyaron al anterior régimen del MAS, y antes, a otros gobiernos, con proyectos dirigidos a preparar al Estado para prevenir eventuales situaciones que pudiesen derivar en intranquilidad y violencia. Lamentablemente, esta idea ha sido distorsionada hasta quedar en nada y en la actualidad, pese a existir una oficina destinada a coordinar la acción gubernamental con los movimientos sociales, ha perdido su objetivo central o no lo cumple eficientemente. Al parecer se ha sobrestimado la capacidad del gobierno para controlar a los movimientos sociales a los que considera sus aliados y el resultado se lo puede ver en los bloqueos de carreteras, movilizaciones, huelgas, enfrentamientos, resistencia a la autoridad y hasta conflictos de graves consecuencias como los ocurridos en 2019 y 2020, que hoy continúan tensionando al país.

Los luctuosos sucesos de descontrol y luto en diferentes épocas tienen denominadores comunes en la desatención del gobierno a las necesidades, y en la vulneración de los derechos civiles, atropellos al ordenamiento legal, irrespeto a la Constitución Política del Estado, corrupción, injusticia y abusos. Todos esos antecedentes deberían motivar a fortalecer los mecanismos de prevención. Se puede suponer que, por las afinidades que existen entre un gran sector social y la actual administración, se podría facilitar esta labor, si se realiza una actividad metódica, responsable y oportuna.

Evidentemente, anticiparse a los conflictos no es una tarea sencilla, debido a que encierra una gama de elementos que tienen que ver con un tratamiento ético que haga posible, sin afectar las libertades y derechos ciudadanos, obtener información confiable, fidedigna, certera y oportuna que contribuya, fundamentalmente a un conocimiento cabal de los hechos que pueda guiar hacia soluciones aceptables. La mayor parte de los hechos políticos, sociales, históricos, culturales y económicos que han desembocado en situaciones de violencia, probablemente pudieron evitarse, pues los factores que han concurrido a su desenlace, generalmente han sido previsibles.

Las razones por las que no se presta atención oportuna son múltiples, pero todas tienen también denominadores comunes que son la reacción tardía y la distorsión del objetivo central que es buscar soluciones oportunas y en armonía. Casi nunca los organismos del Estado efectúan un análisis sobre las eventuales reacciones de la gente ni intentan descubrir las motivaciones, para percibir la respuesta que implícitamente están buscando los diferentes factores de la comunidad. Es necesario que las autoridades, para adoptar decisiones, conozcan que quieren y observan los ciudadanos en la forma de gobernar, en los mecanismos de comunicación o en las ideas y acciones que nacen de los poderes. Las políticas de comunicación, que generalmente privilegian la propaganda a la información veraz, generan falsas expectativas que luego desencadenan en demandas y exigencias.

Pese a que se conoce a plenitud la frustración acumulada en algunos sectores o la enorme lista de insatisfacciones, generalmente se elude la atención frontal de los temas y no se explican las posibilidades reales de solución. A fin de ganar adeptos o mantener aliados, se hacen concesiones imposibles de cumplir, que tarde o temprano derivarán en conflictos incontrolables. De esta manera el enfoque de gobierno, autoridades y líderes generalmente responde a una realidad distorsionada, superficial y momentánea, que lo único que hace es postergar soluciones, acceder a demandas imposibles de atender que muchas veces entran en colisión con los intereses de otros sectores, con una visión improvisada, inmediatista, partidista y política, antes que nacional.

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