El presidente del Comité Impulsor del Censo 2023, Vicente Cuéllar, dijo en una entrevista con EFE que en el Gobierno hay una «mala lectura política» del conflicto, ya que en vez de establecer un puente de diálogo ha optado por la «confrontación» y las «amenazas».
Este viernes los sectores afines a la Administración de Luis Arce organizan en Santa Cruz un cabildo tal como lo hicieron el 30 de septiembre pasado las instituciones cruceñas, en el que determinaron ir a un paro indefinido desde este sábado para que el censo sea en 2023 y no en 2024 como definió el Gobierno.
«Hacer una concentración política el último día que se vence (el plazo) para entrar en un paro indefinido es una provocación», manifestó Cuéllar, quien también es el rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz.
«Lo único que hacen es exacerbar los ánimos de una población que quiere acatar pacíficamente el paro» y generar posturas «opuestas», apuntó Cuéllar.
Impacto del paro
Cuéllar admitió que el paro en Santa Cruz implica un gran «sacrificio» para una región que es el motor económico del país ya que esto implica que «la economía en su conjunto se va a ver altamente perjudicada».
Santa Cruz produce el 74 % de los alimentos que consume Bolivia y exporta el 70 % de productos no tradicionales, por lo que el efecto económico del paro será de «magnitud», enfatizó el presidente del Comité Impulsor del Censo.
El dirigente advirtió del «peligro inminente» de que la polarización política y social del país «siga creciendo» en caso de que la demanda de Santa Cruz, a la que se han sumado sectores de otras regiones, no reciba atención.
«Esta situación tiene que interpretarla el Gobierno (…) nosotros abrigamos todavía la esperanza de que podamos sentarnos a discutir técnicamente la nueva fecha del censo», remarcó Cuéllar.
Por su lado, el Gobierno considera que el paro es una medida contraria a la recuperación económica del país y aunque que se ha mostrado abierto al diálogo, se mantiene firme en que el censo sea en 2024.
Críticas al Gobierno
El presidente del Comité Impulsor del Censo 2023 recordó que el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en junio pasado garantizó ante el Parlamento que el censo se realizaría en noviembre de este año, como inicialmente se planificó, aunque después se dispuso su aplazamiento hasta 2024.
Cuéllar recriminó también que el ministro haya asegurado que el 98 % de la boleta censal estaba completa y que luego se haya abierto una nueva instancia para «recibir sugerencias acerca de las preguntas que deberían insertarse en la boleta».
«Las boletas censales en un 90 o 95 % tienen preguntas estándares», cuestionó el dirigente.
A esto se suma el cuestionamiento de Cuéllar a la cantidad de funcionarios, unos 1.044, que se encargan de la actualización de la cartografía en los más de 340 municipios de Bolivia, a pesar de que inicialmente se habló de que se contrataría a 10.000 para esa función.
«El conflicto se origina por la ineficiencia, por la ineptitud del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Planificación, entonces (así) llegamos a un punto donde no hay coincidencia», apuntó Cuéllar.
El rector de la UAGRM también alertó sobre una «politización excesiva» del censo si este se realiza en 2024, debido al ambiente preelectoral que se abrirá en ese momento ante las elecciones presidenciales previstas para un año después.
«La calidad no es inversamente proporcional al tiempo», todo depende de «cómo se planifican las actividades» y del «grado de profesionalismo» que se aplica en este proceso, indicó.
En julio, el Gobierno determinó la postergación del censo para 2024 bajo el argumento de dificultades técnicas, la necesidad de una «despolitización» del proceso y defendió que tener un mayor tiempo posibilitará dar «datos de calidad».
La anterior semana, el Ejecutivo convocó a una «mesa técnica» en Santa Cruz para que los representantes de esa región expusieran las razones por las que es posible el censo en 2023.
Sin embargo, la representación del Comité Impulsor del Censo 2023 declinó su participación bajo la premisa de que primero debía abrogarse el decreto que aplazó para 2024 la encuesta nacional.