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domingo, julio 14, 2024
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Impunidad en la toma de tierras

La toma de tierras y avasallamientos a la propiedad privada son problemas que se originan en la debilidad del estado de derecho y la impunidad que reina en el país. Se trata de un abuso que tiene cómplices entre quienes están llamados a hacer respetar el ordenamiento jurídico y defender la propiedad privada, que está garantizada por la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes de nuestro país, pero que desgraciadamente es atropellada por los propios poderes públicos. La aplicación de la ley es cada vez menos efectiva, aunque se producen, algunas veces, acciones que merecen ser destacadas, como la recuperación de cinco predios que efectuó la Policía, que habían sido tomados por avasalladores en la provincia Obispo Santitevan del Departamento de Santa Cruz. Lamentablemente, todavía hay un centenar de propiedades en el agro que están en poder de los «toma tierra», según el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández.

Hernández destacó la actuación de las autoridades en la recuperación de las propiedades, hecho que calificó como un paso importante al dar cumplimiento a las órdenes judiciales de desapoderamiento de los predios que estaban tomados. Se trata de propiedades que estaban debidamente tituladas, por lo que se trata de una señal clara para dar seguridad jurídica al sector productivo. «Este es un proceso que debe continuar porque entendemos nosotros que aún hay más predios que están avasallados» señaló.

De acuerdo a información de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), «hay más de 100 predios, entre agrícolas y ganaderos», que han sido tomados. Asimismo, el ejecutivo advirtió que los avasalladores son de alguna manera alertados sobre operativos y acciones ejecutadas por las fuerzas del orden, ya que llegado el momento desaparecen del lugar. «Estos son grupos que están plenamente organizados, están manejando tecnología, incluso se dice con drones que les permite tener una alerta del movimiento que se da en la zona, y eso hace que los efectivos policiales no encuentren a nadie en el lugar», expresó el gerente de Anapo. El representante de los productores demandó la necesidad de que se identifique y se emita órdenes de aprehensión contra los supuestos cabecillas, para que sean sancionados de acuerdo a las normas que están en vigencia».

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que el operativo fue ejecutado en cumplimiento de un amparo constitucional interpuesto contra «malos comunarios», quienes por medio de la violencia y la intimidación pretendían apropiarse de tierras saneadas. De acuerdo a estimaciones del funcionario, fueron recuperadas cerca de 10.000 hectáreas. Aguilera, también informó que se tiene plenamente identificados a los cabecillas que impulsan avasallamientos en la zona norte del departamento cruceño, advirtiendo que forman parte de organizaciones criminales que manejan una estructura para realizar sus acciones fuera del marco de la Ley. En su criterio se trata de organizaciones criminales las que están tomando parte de los avasallamientos y el tráfico de tierras, al punto que tienen monitoreadas las rutas para alertar sobre las acciones ejecutadas por las fuerzas del orden. El subsecretario explicó que una vez que se han consolidado en las áreas tomadas, parcelan las tierras y las revenden. Dijo que esta forma de actuar «significa tráfico de tierras, significa reventa de propiedades que en muchos casos son propiedad del Estado, son reservas forestales o tierras que no pueden ser sometidas a distribución», apuntó la autoridad.

Permanentemente, los productores exigen seguridad jurídica para garantizar la producción sin que sus reclamos sean atendidos. La mayor cantidad de predios ocupados ilegalmente está en Santa Cruz. En Cochabamba, la toma ilegal de tierras en la zona de Tiquirani de Pampa San Miguel afectó a 83 familias que tenían el derecho propietario de 50.0487 hectáreas de terrenos cedidas por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y saneadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Un grupo se apoderó de esos predios amedrentando a los dueños legítimos.

Lo cierto es que hasta ahora no ha habido sanciones para los que ocuparon tierras y minas, así como centenares de lotes de terrenos, mientras el lento brazo de la ley y de las autoridades, deja sin castigo esta ilegal actividad que se acrecienta por la impunidad. La Policía tiene la misión de proteger a la sociedad y luchar contra el delito y la violencia, en algunos casos inclusive los propios servidores del orden han sufrido agresiones, como en 2021 en el predio Las Londras, donde un grupo de avasalladores armados secuestró, ultrajó y atentó contra la vida de 27 policías, periodistas y obreros civiles. Un año y tres meses se tardó en presentar la acusación formal contra los principales responsables, lamentablemente, todos gozan de libertad.

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