Los incendios que afectan una extensa zona de la Amazonía de Brasil la situaron en el punto de mira internacional y de paso revivieron un viejo debate sobre la internacionalización de esta importante reserva natural, que conforma el 25% de la superficie de América Latina.
Según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Amazonía es la mayor floresta tropical del mundo y representa algo más de la mitad del bosque húmedo de la Tierra. Esta es vital para el mantenimiento del equilibrio climático mundial, ya que tiene una gran influencia en el transporte de calor y vapor de agua para las regiones localizadas en latitudes más elevadas.
Datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) indican que la Amazonía es hogar de al menos el 10% de la biodiversidad conocida y sus ríos representan entre el 15% y el 16% de la descarga fluvial total a los océanos del mundo. Además, contiene entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono, por lo que la quema de la vegetación aumentaría las emisiones de carbono a la atmósfera, agudizando la crisis climática.
En esta zona de, 7.413.827 km., viven cerca de 34 millones de personas, incluyendo unos 500 pueblos indígenas, según estimaciones del WWF.
Debido a su gran importancia, diferentes Estados, organizaciones, movimientos sociales y ambientalistas expresaron su preocupación ante la demora del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para contrarrestar los incendios y ante sus políticas, que se centran más en la explotación de recursos que en la protección del medioambiente.
Desde su llegada al poder (1 de enero de 2019), el mandatario brasileño puso en marcha una serie de cambios para quitarle competencias a instituciones ambientales como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), que lucha contra los crímenes ambientales y al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), responsable de la gestión de los parques nacionales.
Dentro de los planes de Bolsonaro también se contempla la transferencia del Servicio Forestal Brasileño al Ministerio de Agricultura, que debido a las directrices que le ha dado el actual gobierno cuenta con la facultad para demarcar las tierras indígenas, antes competencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai).
Ante la demora de Bolsonaro, gobiernos como el de Francia, Finlandia, Irlanda y Alemania decidieron tomar medidas para en cierta forma presionar al gobierno brasileño a actuar conforme a sus obligaciones ambientales.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe de Gobierno de la República de Irlanda, Leo Varadkar, fueron incluso más lejos y llegaron a proponer que se opondrían al acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur si Brasil «no protege la selva tropical».
Los comentarios fueron calificados por Bolsonaro como una intromisión a la soberanía de Brasil con tintes «colonialistas».
«No podemos aceptar que un presidente, Macron, desate ataques irrazonables e irracionales contra el Amazonas, ni disfrace sus intenciones detrás de la idea de una ‘alianza’ del G-7 para ‘salvar’ el Amazonas, como si fuéramos una colonia o la tierra de nadie», escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter luego de que su Gobierno rechazara la ayuda de los países del G7 para combatir los incendios que acechan la Amazonia.
¿Se puede presionar al Gobierno de Bolsonaro?
Si bien muchas potencias han levantado sanciones económicas para presionar a un país al que catalogan como un «riesgo para la seguridad internacional», como el caso de las sanciones de Estados Unidos a Irán, Corea del Norte, o al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, las sanciones sobre un Estado para la protección del medioambiente yacen sobre un terreno en el que no se ha profundizado.
Para el analista y académico político de la Universidad de los Andes, Víctor Manuel Mijares, no es la primera vez que se discute sobre la internacionalización de la Amazonía debido a su carácter y funciones estratégicas.
Ante este tema, Brasil, que tiene cerca del 66% de esta selva tropical, siempre ha mantenido la misma postura: «Es un tema que solo le corresponde a los Estados soberanos que albergan en su territorio esta reserva natural», es decir, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, y la Guayana Francesa.
«Veo muy difícil la posibilidad de presionar en esos sentidos, porque al menos hasta el momento, a pesar de haber cierto acuerdo en cooperar para aliviar esos problemas, puede siempre haber un discurso en el cual se vea esto como una intromisión de los países del norte frente a la soberanía de los países del sur», señaló Mijares.
El analista recuerda que Brasil históricamente se ha opuesto directa o indirectamente a cualquier tipo de intervención por parte de grandes potencias en otros países. Además, señala Mijares, Brasil no reconoce la responsabilidad de proteger como principio de las Naciones Unidas, que se basa en tres pilares: la responsabilidad de los Estados de proteger a su población, la responsabilidad de la comunidad internacional en ayudar a tal cometido y la de actuar en el caso de que un Estado no logre hacerlo.
«Hay un rezago en cuanto a la protección del medioambiente e, insisto, sigue siendo un territorio bajo soberanía nacional. Entonces podría haber una presión en la opinión pública, eso podría cambiar el futuro, pero hasta el momento no hay ningún tipo de principio internacional que hable de la posibilidad de generar sanciones contra un país por no proteger su propio medioambiente, porque eso afectaría el principio de soberanía nacional que muchos países defienden, entre ellos grandes potencias que están en el Consejo de Seguridad», aseguró el experto.
Por su parte, Mario Duarte Villarello, doctor en Relaciones Internacionales y experto en política ambiental internacional, señaló que el camino que se debe tomar es el de la cooperación internacional y no el de las presiones económicas (acuerdo UE – Mercosur), ya que se entraría en una «espiral de lucha en un momento que puede ser perjudicial, dado la urgencia de los incendios».
«Estamos viendo un problema que puso contra la pared al Gobierno brasileño y es sobre esta línea (cooperación) sobre la que uno se debe mover y avanzar para evitar un debate que puede ser innecesario ante la urgencia de acción, y es la cooperación internacional donde los distintos actores relevantes con capacidades técnicas y financieras, como los países desarrollados, pueden intervenir», señaló el experto.
Con respecto a la forma de actuar de los países del Cono Sur, Fernando Octavio Hernández, coordinador académico de la facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac de México, reitera que debido a la magnitud de los incendios estos Estados tienen todo el derecho de exigirle a Bolsonaro que tome medidas.
«Creo que gobiernos como el de Bolivia, encabezado por el presidente Evo Morales, tienen todo el derecho del mundo a emitir una opinión en torno a los problemas que están ocurriendo y exigirle al Gobierno brasileño un mayor compromiso para acabar con los incendios en el Amazonas», afirmó Hernández.
Ambos analistas coinciden en que los gobiernos que comparten la Amazonía deben tomar medidas conjuntas para combatir la amenaza que representan los incendios.
Para ello, Villarello indicó dos alternativas, a corto y largo plazo. La primera está dirigida a generar una coordinación inmediata entre los Estados amazónicos para controlar los incendios, donde los países desarrollados pueden contribuir con recursos financieros y tecnológicos.
La segunda radica en el compromiso de estos Estados a comprometerse en mayor medida con los acuerdos ambientales (Acuerdo de París), «cuyo cumplimiento puede garantizar que este tipo de fenómenos no se repita».
«Tener un mayor compromiso, donde el gobierno de Bolsonaro aparentemente está en deuda, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París», enfatizó Villarello.