Las perspectivas políticas, sociales y económicas de nuestro país son preocupantes frente a una realidad objetiva llena de sombras, que asienta todo el peso de variados conflictos sobre una frágil democracia, un débil gobierno de transición acosado por todos los flancos y una sociedad polarizada en sus posiciones ideológicas además de fraccionada en sus tendencias partidarias. A ello se suma la crisis del siglo que encadena los esfuerzos para defender la salud y la vida, amenazadas por una pandemia letal y que ha precipitado una cascada de desastres económico financieros, que llevaron al cierre de millones de puestos de trabajo en el mundo y que en Bolivia ya se advierte, sobre todo en cuanto a las de emprendedores (en su mayoría unipersonales) pequeñas, medianas y grandes empresas.
A partir del año 2006 los precios internacionales de los hidrocarburos y minerales subieron, en forma impresionante, el barril de petróleo llego a costar 150 dólares, es decir los ingresos de Bolivia por la venta de gas a las trasnacionales fue de cinco veces más, que lo que se percibía en anteriores gobiernos. La tendencia recesiva en nuestro país, se acentuó desde el año 2018 cuando bajaron los precios de las materias primas, especialmente de los hidrocarburos, y se redujo la capacidad de producción de gas natural, lo que ocasionó que disminuyan los ingresos. Pero entre 2006 y 2019 el gobierno del expresidente Morales Ayma, lejos de adoptar medidas de austeridad, desató una política de desenfreno con gastos innecesarios, millonarias construcciones de palacios y edificios con costos sobredimensionados; proyectos demagógicos que hoy pierden dinero, obras sin supervisión de calidad y emprendimientos sin una base de estudios de factibilidad. Eran ofertas de la campaña electoral permanente en la que se enfrascó, antes que construir hospitales, escuelas o de aumentar los presupuestos (POA) de educación, salud y de los recursos naturales ecológicos, medio ambiente.
Hoy, cuando una descontrolada pandemia asola al mundo y ataca también a Bolivia, se sufre la inexistencia de hospitales donde atender los casos de coronavirus y de centros para tratamiento a quienes resultan «sospechosos de haberse contagiado».
Si los riesgos para la salud son espantosos, lo son también para la economía en un país que fue dejado sin recursos económicos ni medios materiales para enfrentar la crisis actual. Pero el tiempo avanza y la política no descansa, se postergaron las elecciones, y aunque no hay nueva fecha para los comicios, los políticos utilizan la pandemia para hacer campaña, unos metiendo más miedo, otros incitando a ignorar las medidas de previsión y calificando al coronavirus (de manera extremista) «como un invento para postergar las elecciones».
Un análisis The Economist, influyente publicación internacional, hace proyecciones sobre Bolivia en las que ve alto riesgo político. Insinúa que la inestabilidad política seguirá siendo alta y que las protestas persistirán en la presente gestión, con un alto riesgo de nuevos disturbios inclusive después de las elecciones. Prevé que aumentará el riesgo de estancamiento legislativo y la gobernabilidad será más frágil en el período de pronóstico que abarca de 2020 a 2025.
En ese estado de situación, el panorama económico se torna muy difícil, frente a la imposibilidad del Estado de atender las necesidades del país, cada vez más crecientes y perentorias a la vez que conflictivas.
El sector económico privado considera que la reactivación de las empresas demorará unos dos o tres años, según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery. Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic afirma que del total de industrias manufactureras que hay en Bolivia el 3,7% se encuentra en actividad debido a la emergencia sanitaria. Solamente están en funcionamiento 1.300 industrias de las 35.000 existentes en todo el país. Esto significa que de los 110 mil empleos formales del sector, solamente están operando seis mil según el industrial.
Frente a esta situación se declararon en situación de «asfixia», y quieren recibir atención prioritaria para evitar que sus empresas quiebren. Demandan «perdón de impuestos, disminución de cargas tributarias, créditos blandos, y prioridad en la comercialización de productos nacionales sobre los importados» (aunque los últimos son más baratos y algunos de mejor calidad). También pidieron que este año no se admita aumento salarial y han planteado la «flexibilización laboral». Esto significaría despidos y una virtual confrontación social. Paralelamente la COB, corresponsable de la administración del anterior gobierno, al extremo que tiene varios senadores y diputados a su nombre, no está dispuesta a resignar el aumento salarial en clara señal de incomprensión ante el colapso económico que sufre el mundo y la caída de precios en la bolsa de valores, habiendo quebrado grandes transnacionales.
En Bolivia paralizaron actividades, a nivel nacional, por la pandemia, a más de las citadas, otras empresas y actividades, por lo que necesariamente requerirán de la comprensión del gobierno, porque pagar sueldos y salarios, sin haber tenidos ingresos, generará la quiebra de las mismas.
Mientras tanto, el coronavirus devasta una economía tras otra. Tanto los organismos internacionales como las grandes potencias saben que las soluciones son difíciles, duras y que implican sacrificio de todos.
Bolivia, sin duda, recibirá los aterradores sacudones que provengan de la crisis global y de los efectos de la «peste».